Las obras que debía haber realizado la empresa a partir del segundo año de concesión (como el tercer puente y otras) no se habían iniciado.

Durante el mes de febrero de 2001 una delegación de los Concejos Deliberantes de Cipolletti y de Neuquén entregó a las autoridades nacionales el estudio que había realizado la Universidad Nacional del Comahue -UNCo- sobre esta concesión (a cargo de los economistas Osvaldo Preiss y Nora Díaz) que demostraba que:

1) Los ingresos por peaje en los cuatro años transcurridos eran un 14 por ciento superior a los previstos.

2) Las obras que debía haber realizado la empresa a partir del segundo año de concesión (tercer puente y otras obras) no se habían iniciado.

3) Que por ambas razones (y suponiendo que las obras faltantes se iniciaran a partir de la fecha del informe) la tasa de retorno de la concesión al final de la misma sería del 25,86 por ciento anual en lugar del 13,29 por ciento previsto por el contrato.

Los concejos pedían la disminución de la tarifa de peaje o del plazo de concesión.

Resultados similares a los de la UNCo

En forma simultánea al estudio de la Universidad y de la gestión de los Concejos Deliberantes, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, hizo su propio análisis, en forma totalmente independiente del anterior, de la ecuación económico-financiera de la concesión, llegando a resultados muy similares.

Ese estudio se hizo llegar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

A mediados del año siguiente, 2002, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, en el Concejo Deliberante de Neuquén se hizo una simulación con las cifras del estudio de la Universidad, pero incluyendo, como única variante, el hecho que las obras prioritarias de la concesión, tercer puente y obras complementarias, tampoco se realizaban en el tiempo previsto por el estudio.

Según la oferta, los trabajos se deberían haber efectuado entre el segundo y el cuarto año de la concesión y en el estudio de la Universidad se supone realizadas entre el séptimo y noveno año. Y finalizado el séptimo año, mayo de 2002, las obras no habían sido iniciadas.

Al 6º año la obra ya estaba pagada

La sorpresa fue que, al cumplirse el sexto año (mayo 2001), debido a la no realización de las inversiones previstas, si se suspendía la ejecución del contrato de concesión, la tasa interna de retorno de la inversión era de 14,89 por ciento, superior al 13,29 por ciento de la oferta. Y al cumplirse el séptimo año, la TIR era del 21 por ciento, un 58 por ciento superior a la prevista.

Es decir, si se declaraba finalizada la concesión, la contratista hubiera recuperado el total del capital invertido y obtenido la rentabilidad prevista.

En base a ese proyecto, presentado por el Bloque Socialista, el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó por unanimidad, el 24 de octubre de 2002, la siguiente comunicación:

“Artículo 1º) Encomendar al Órgano Ejecutivo Municipal –si es que la Empresa Concesionaria no inicia las obras del tercer puente y complementarias al 15 de noviembre de 2002 ó, en caso de haberlas iniciado, no cumpliere con los plazos de ejecución contemplados en el contrato de concesión-, que requiera de Occovi (Órgano de Control de Concesiones Viales) la declaración, previo los estudios pertinentes, de la caducidad del plazo de Concesión Vial del Corredor 29, en función de haberse superado la tasa interna de retorno prevista en la oferta y, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 11 del Contrato de Concesión, así como gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional la aprobación del Decreto correspondiente”.

“Artículo 2º) En caso de respuesta negativa o falta de la misma dentro de un plazo prudencial por parte de Vialidad Nacional, requerir al Órgano Ejecutivo Municipal el inicio de las acciones judiciales pertinentes ante la Justicia Federal, a los efectos de lograr dicha caducidad”.

Apoyo regional

El Foro de Concejos Deliberantes del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que reúne a los órganos legislativos municipales de las ciudades del Alto Valle, que en realidad conforman una unidad urbana lineal, en su XIII reunión realizada en Allen el 29 de noviembre de 2002, aprobó por unanimidad una declaración a favor de la posición de Neuquén.

También acordó el envío de una delegación de concejales para entrevistarse con las autoridades nacionales para manifestar este apoyo y poner en evidencia los inconvenientes que genera para toda la región este peaje.