Neuquén > La vicegobernadora Ana Pechen se refirió ayer a las negociaciones para que la provincia ingrese la Programa de Desendeudamiento de Nación y señaló que espera que “el buen sentido y el buen tino del gobierno nacional” que permitan “llegar a un acuerdo satisfactorio para el pueblo neuquino”.

Consultada sobre el requerimiento del gobierno nacional respecto de que Neuquén desista de los juicios que mantiene con el Estado central para acceder a los beneficios del plan, Pechen sostuvo que “las relaciones entre los estados siempre son éticas, no se puede pensar que no haya relaciones éticas entre gobierno nacional y gobierno provincial”. A su vez, indicó que en la Legislatura neuquina se discutió fuertemente cada uno de los puntos del decreto presidencial N° 660 de reprogramación de la deuda con las provincias, en la que todos los bloques políticos están de acuerdo en acceder al mismo. Y aclaró que “hay un convencimiento de que el desestimiento en sí mismo no es la voluntad de los legisladores, que lo ha dicho también el gobernador Sapag”.

Afirmó que “la prudencia” es la conducta de la administración neuquina y destacó que la reprogramación es beneficiosa, con una quita del orden de los 200 millones de pesos y la desaparición del CER, coeficiente que condiciona los cálculos de los montos a desembolsar por la provincia.

Señaló que el decreto de la presidenta Cristina Fernández habla de componer las diferencias entre Nación y Provincia, “en el marco de la ética y el respeto a la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos”. Añadió que la negociación “debe hacerse con diálogo, con transparencia y a luz del pueblo que sigue bien de cerca la actitud de nuestros gobernantes”.

Sapag con Nación

El gobernador Jorge Sapag se reunió ayer por la mañana por este tema con el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, y -según trascendidos- no se habría llegado a un acuerdo. El mandatario neuquino también mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. “Estamos a la espera de si Nación accede a los requerimientos de la provincia”, confió un funcionario del gobierno neuquino, que también estuvo en Buenos Aires.

La idea de Sapag es que Nación compense con obra pública u otro mecanismo el desistimiento de litigios que el gobierno de Cristina Fernández exige para que Neuquén acceda al plan por el cual se podrán refinanciar 1.880 millones de pesos.

Pero la posición de Nación sería inamovible, es decir, Neuquén debe dejar de lado los juicios, de lo contrario no se llegará a la firma del convenio. El más importante y que representa la principal traba es por el cobro de regalías petrolíferas y gasíferas de un monto aproximado de 3.400 millones de dólares. Pero dentro de la causa existe también una pericia realizada por representantes de la Secretaría de Energía de la Nación que, por la aplicación de la pesificación, alcanzaría los 4.700 millones de pesos.

Sobre este tema, el fiscal de Estado de la provincia, Raúl Gaitán, indicó que tras 10 años de litigio, resulta muy difícil determinar no sólo el tiempo que demandará la obtención de un resultado, además de sembrar una duda respecto de si éste terminará resultando favorable para Neuquén.

La UCR, contra el desistimiento de juicios

El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó ayer un nuevo proyecto de resolución donde se le requiere al gobierno nacional que se abstenga de exigir el desistimiento de los juicios que la provincia tiene con el Estado central por mala liquidación de regalías.

La iniciativa es del diputado Marcelo Inaudi pero cuenta con el apoyo de todo el bloque. En su articulado se le requiere al gobierno de Cristina Fernández que "se abstenga de exigir el desistimiento de la acción y del derecho" de los juicios que se siguen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "como condición ineludible para acceder al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, creado por Decreto Nº 660/2010".

Además, se le requiere a los gobiernos que dispongan la conformación de una comisión bilateral a los efectos de buscar una solución consensuada a los juicios, sin perjuicio de la firma de los acuerdos que permitan a Neuquén acceder al Programa.

En los fundamentos de la iniciativa se plantea que la solución de un conflicto requiere de la voluntad de las partes de acordar, pero "cuando median exigencias de una sobre la otra, estamos frente a una imposición, no una solución, tal cual reza el decreto presidencial".

Para los radicales, exigir el desistimiento de la acción y el derecho en ese solo pleito, implica "lisa y llanamente una verdadera claudicación de montos que legítimamente consideraban quienes promovieron el juicio, les correspondían a la provincia". Y argumentaron que eso "de por sí es preocupante y nada tiene que ver con la voluntad de reducir y reprogramar la deuda provincial, ni fortalecer el federalismo, tal como se declama en el decreto presidencial".