Por primera vez en 18 años, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) deberá competir con otra lista para alcanzar su continuidad al frente del gremio.

El miércoles, Enrique Peñalba recibió un duro revés del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación. Ese organismo dictaminó la “ineficiencia jurídica” del acto eleccionario de renovación de autoridades del STM realizado el viernes 18 del mes pasado. Para eso, el cuestionado dirigente sindical y ex funcionario princista había logrado la impugnación de la Lista Blanca y Celeste, conducida por Juan Paolacci. Sin contrincante, y con la participación de poco más del 50 por ciento de afiliados, Peñalba lograba un triunfo que fue desestimado esta semana.

El Ministerio intimó a la Junta Electoral del sindicato a reconocer a la nómina opositora y a fijar una nueva fecha de realización de los comicios, donde participarán ambas listas.

Según la resolución ministerial, “dicha fecha deberá fijarse teniendo en cuenta que deberá publicarse para conocimiento de los afiliados por los mismos medios que la convocatoria a elecciones original con, por lo menos, 15 días hábiles de antelación”.

La Junta Electoral del STM establece para el 27 de agosto la realización de los comicios. Sin embargo, la lista encabezada por Paolacci espera que Peñalba presente formalmente ante el Ministerio su decisión de no recurrir al derecho de apelación. “Si nosotros no contamos con ese documento no vamos a permitir que se realice la elección, porque si Peñalba pierde podría utilizar su derecho de apelación para impugnar el resultado”, explicó uno de los integrantes de la Lista Blanca y Celeste.

DETALLES

La Lista Marrón encabezada por Peñalba había presentado tres motivos centrales para argumentar el rechazo a la nómina que postulaba a Paolacci como secretario general del gremio de la calle Alsina.

En primera instancia, se marcaba que “una de las precandidatas no suscribió con su firma su postulación en la totalidad de los ejemplares de la lista presentados ante la Junta”. El Ministerio rechazó ese cuestionamiento con duros términos. Según la resolución conocida el miércoles, se trata de “un claro exceso de rigorismo formal que atenta contra el principio de mayor participación democrática, pues no se pone en duda la expresión de voluntad de la afiliada de formar parte de una lista de candidatos”.

Peñalba también aseguraba que la lista opositora no cumplía con la denominada Ley de Cupo Sindical Femenino en el órgano de fiscalización. En contraposición, el Ministerio determina que “la ley 25.674 y su decreto reglamentario modifican sólo el artículo 18 de la ley 23.551, que estipula los requisitos para ser miembros del órgano directivo de las asociaciones sindicales, por lo que no resulta exigible su aplicación para el órgano de fiscalización, cuando así no lo prevé el estatuto social”. En el mismo sentido, “tampoco resulta una exigencia legal la aplicación del Cupo Sindical Femenino en la composición de la Junta Electoral, descartándose así uno de los argumentos de los impugnantes”.

En cuanto a la observación que la Lista Marrón efectuaba del precandidato Américo Fabián Velásquez ante el supuesto incumplimiento del requisito de antigüedad mínima de dos años como afiliado, “no estableciendo la normativa de aplicación en la especie si dicha antigüedad deber ser indefectiblemente continuada e inmediatamente anterior a la postulación, entiendo que debe resolverse de acuerdo al denominado ‘principio de mayor participación electoral’, siendo entonces que la Junta Electoral debió aceptar la candidatura de Velásquez”.

La resolución del Ministerio de Trabajo también descarta el cuestionamiento realizado ante la participación de uno de los miembros de la Junta Electoral, por tratarse de personal temporario del municipio, no de planta permanente. Si bien el Ministerio aclara que el artículo 2 del estatuto social veda a los afiliados en esa condición laboral ocupar cargos gremiales, “los cargos de la Junta Electoral no son cargos gremiales en sentido estricto, ya que la Junta se conforma en forma extraordinaria en oportunidad de desarrollarse un proceso eleccionario de renovación de autoridades, es decir, cada cuatro años, y sólo mientras dure el proceso. Por ello, no existe impedimento para que esta clase de afiliados sean parte de la Junta Electoral”.

Por último, en cuanto al plazo para la presentación de las listas de candidatos, “si bien es cierto que durante la primera parte de este plazo de 10 días hábiles a contarse desde la publicación de la convocatoria a elecciones, la Junta Electoral no se encontraba constituida, también es verdad que luego la Junta extendió dicho plazo más allá del 12 de mayo, cuando hubiera fenecido, hasta dos días después”. Además, “tampoco demuestra el impugnante el perjuicio que esta coyuntura le irrogara pues no tuvo inconveniente en cuanto a presentar a la lista de candidatos”.

A la espera de una oferta

Luego de varios meses de reclamo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aguarda una oferta de aumento salarial del gobierno de Graciela Rosso.

La semana pasada, en una reunión con los dirigentes gremiales, el Departamento Ejecutivo solicitó más tiempo hasta tanto se concrete el desembolso de dinero que el municipio solicitó a Nación a modo de ayuda para cubrir el pedido de los empleados. El planteó del gobierno será puesto a consideración de los afiliados la próxima semana.

Por otra parte, en ese encuentro se garantizó el pase a Planta Permanente de los 70 trabajadores cuyos concursos habían sido suspendidos por la actual gestión en diciembre de 2007.

La semana pasada, el Ejecutivo también recibió al Sindicato de Empleados Municipales conducido por Sergio Corzo. A pesar de recibir la misma contestación sobre el pedido de aumento salarial, los dirigentes gremiales calificaron de “positiva” la reunión ya que “se avanzó en distintas reivindicaciones”.