El Inmobiliario se incrementará otra vez. Además, analizan subas en otros tributos, como el Automotor e Ingresos Brutos
La suba que ya está fijada es la del Impuesto Inmobiliario. Si bien el retraso calculado sobre las tarifas alcanza 80 por ciento, se está analizando aplicar un aumento cercano a 10 por ciento. La medida sería similar a la del año anterior, cuando se incrementó entre 10 y 12 por ciento, dependiendo de los valores catastrales, aunque esta suba no se tradujo en un aumento en la recaudación, porque el ingreso por este tributo creció sólo 8 por ciento. Además, habrá incrementos en otros impuestos, y entre los que con más fuerza cuentan está el porcentaje de alícuota sobre los Ingresos Brutos, hoy fijado en 3 por ciento de la facturación de bienes o prestación de servicios, aunque depende de la categoría. Otra de las medidas que se analiza es el aumento del Impuesto Automotor, aunque se sabe que este registra una mora importante, en especial en los vehículos de lujo. Lo que sí está claro es que se intentará evitar que los incrementos recaigan sobre los servicios esenciales.
Esto es que no habrá aumento de agua, siempre que la Legislatura apruebe el subsidio de 50 millones de pesos para Aysam, y se frenarán los incrementos que pretendan las privatizadas como Edemsa. Los escenarios son tres y el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, ya elevó el proyecto al gobernador para que decida qué alternativa elige antes del martes 23, fecha en que pretende remitirse a la Legislatura. Las tres proyecciones contemplan un incremento de impuestos, y en dos de estas el porcentaje de aumento a los estatales está incluido. Es que este último punto es el que más preocupa al gobernador, porque pretende acallar el reclamo estatal en un año de elecciones. Para incrementarles 10 por ciento a los trabajadores se necesitan 430 millones de pesos, pero Jaque sabe que deberá prever al menos dos aumentos. Uno se daría antes de marzo, para garantizar el inicio de las clases, y el otro antes de los comicios generales de octubre, para disminuir el malestar social. Para esto, el Gobierno mira de reojo la Ley de Responsabilidad Fiscal, que impide otorgar aumentos salariales tres meses antes de un comicio general.
El número no está fijado aún, según admitió el ministro Cerroni, pero sí se analiza incluirlo en la pauta de gastos, para evitar las discusiones en la Legislatura y los pedidos de ampliación presupuestaria que tantas rispideces políticas generan (ver aparte). Bajo estos parámetros es que se enviará a la Legislatura el proyecto de ley de avalúo e impositiva en los próximos días. La mirada de Celso Jaque apunta a incrementar la recaudación. Es que, a pesar de la inflación, este año sólo se ha logrado un aumento de 24 por ciento en el nivel de crecimiento de los ingresos, cuando en el Gobierno se esperanzaban con 35 por ciento. A pesar de esto, Cerroni negó que se esté por cambiar la conducción de la Dirección General de Rentas, tal como trascendió días atrás.
A TUPUNGATO. Algunos de estos números se conocerán en la reunión de gabinete de hoy. Es que el gobernador ha decidido trasladar su habitual encuentro de los lunes con los ministros a Tupungato. Será allí donde se revelará ante los intendentes del Valle de Uco por qué se necesitan 50 millones de pesos más para frenar el incremento en la tarifa de Aysam, además de las obras necesarias para sostener el servicio. Este encuentro se realizará tras los festejos departamentales, previstos para hoy a la mañana.
Se necesitará otro refuerzo presupuestario de 45 millones
Si Diputados le da vía libre a un endeudamiento de 105 millones de pesos, el Gobierno necesitará pedir otra ampliación presupuestaria en diciembre. Se trata de 45 millones de pesos que completarán los 150 que el Ejecutivo había pedido en sus inicios. Al menos así lo calcula Cerroni, que aprovechó para cargar contra la oposición, que pretende frenar el endeudamiento. Y recordó que cuando César Biffi, presidente de la UCR, dejó la administración de Godoy Cruz, esta era una de las comunas más endeudadas. Una de las medidas que se analizan en el Ejecutivo es la de lograr estos 45 millones extras a través de un decreto del gobernador.
Si bien esta posibilidad está contemplada en la Ley de Presupuesto, esa partida extra no debe prever fondos para sueldos de los estatales. Mientras, en Diputados, la oposición debate si otorgar o no la herramienta del endeudamiento al Ejecutivo. Así, esta tarde habrá una sesión especial en la Cámara Baja para que, si el proyecto se aprueba, el Senado tenga tiempo de darle sanción definitiva en la sesión de mañana. Pero las negociaciones no son sencillas por estas horas, sobre todo en el seno del Frente Cívico Federal.
Es que, tal y como El Sol lo adelantó la semana pasada, existe una división entre los legisladores radicales y lo decidido en una reunión de Comité de la semana pasada. Es que mientras los primeros –Liliana Vietti, Raúl Vicchi, Alexandre Maza y Andrés Marín, entre otros – que han trabajado el tema en comisiones junto con los funcionarios de Hacienda piensan que es lícito dar autorización para que el Gobierno se endeude por 105 millones de pesos, otro sector piensa que no.
Entre estos se encuentran los cornejistas y los que integran la mesa provincial del radicalismo, además de ser legisladores: César Biffi y Juan Carlos Jaliff, entre otros. Hoy a la mañana, el radicalismo se reunirá para intentar tomar una decisión medular: unificar posturas en contra del endeudamiento o bien dar libertad de acción a los legisladores para que cada uno vote según su criterio.
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