El ex ministro de Bienestar Social durante el marinismo, Santiago “Patucho” Alvarez, le puso un obstáculo más a la realización del juicio oral y público en el que se debatirá su enriquecimiento: en el momento en que estaba “cantada” la elevación a juicio, presentó otro recurso que obligó a la intervención del Tribunal de Impugnación Penal.

Ahora ese organismo analiza una nueva queja referida al embargo que le aplicó la Justicia: Alvarez insiste en que es excesivo y pretende incluso llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Es de esperar que el juicio siga postergándose, ya que parece ser una estrategia defensiva del ex funcionario, que una vez que resuelva el TIP tiene la posibilidad de seguir recurriendo y por lo tanto demorando el inicio de las audiencias.

La semana pasada, luego de que el TIP rechazara un par de pretenciones de “Patucho”, el juez Daniel Ralli le dio vista a la fiscal Alejandra Ongaro para que elevara el caso a juicio.

Pero en el ínterin, “Patucho” presentó ese recurso que deberá ser resuelto por el juez Filinto Rebecchi. E incluso una vez que el magistrado tome posición, podrá presentar otro recurso.

Antes, el ex ministro pidió que aparten al juez de Instrucción Daniel Ralli, bajo el argumento de que no fue imparcial en el tratamiento de la causa. Pero la Cámara del Crimen 1 volvió a rechazarle el planteo.

“Patucho” fue procesado por el juez de Instrucción Nº 6 por enriquecerse ilegalmente en unos 708.723 pesos, tomados a valores históricos del año 2002. Esa cifra actualizada sería de 1.800.000 pesos. Ese procesamiento fue ratificado por el TIP en diciembre pasado.

Ni bien se conoció la decisión del tribunal de alzada, Ralli le prohibió salir del país. Se le trabó un embargo por 2.425.230,95 pesos.

La prohibición de salir del país se firmó porque los jueces estimaron la posibilidad de que “Patucho” lo haga, porque cuenta con las posibilidades, a fines de entorpecer la investigación.

El enriquecimiento está penado con prisión de dos a seis años, una multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua. Además, es el único delito donde se invierte la carga de la prueba y el imputado -que en todos los casos tiene que ser un funcionario público- debe demostrar cómo obtuvo su patrimonio.

La investigación se inició el 25 de noviembre de 2005 cuando el Tribunal de Cuentas comprobó que no se podía justificar un incremento patrimonial de 1.727.153 pesos, además de acciones por 110.000.000 de pesos. Aunque Álvarez después aclaró que “no son 110.000.000 de pesos sino que son 110.000.000 de australes”.