“La prueba que yo ordené ya está toda... ahora él (en referencia a Patucho) pidió ofrecer nuevas pruebas y yo tengo que ver si le hago lugar o no. En caso de que no haga lugar, digamos que estoy en condiciones de resolver”, indicó el juez Ralli ante una consulta de este diario.

Los profesionales a cargo de la pericia contable que se le hizo al ex funcionario marinista -Silvio Álvarez y Fernando Gasparini- evaluaron algunos aspectos de la evolución patrimonial de Patucho Álvarez. Al llegar a un punto, requirieron detalles relacionados con la actividad agropecuaria del imputado y por eso se solicitó una pericia veterinaria.

Ese trabajo lo hizo Pablo Guillermo Vaquero, de General Pico, y se focalizó en los gastos del mantenimiento y el movimiento de hacienda. El informe está terminado y en manos de Ralli.

Los contadores oficiales volvieron a decir que los números no cierran y que, por lo tanto, estaría demostrado, a priori, que el ex ministro de Bienestar Social se enriqueció ilícitamente durante su paso por la administración pública provincial.

El resultado de ese informe deja a “Patucho” más cerca de un eventual procesamiento.

Patucho ya fue citado a indagatoria en el mes de diciembre de 2008 y se abstuvo de declarar. Pero después reclamó una ampliación. En principio, se estima que no pudo justificar un incremento de 300.000 pesos en su patrimonio.

La pericia contable posó la lupa sobre el período que va de 1992 a 2004 (Álvarez dejó de ser ministro en el ’99, siguió trabajando para la administración pública y regresó a ser funcionario en julio de 2001, luego de lo cual fue designado en el Programa Federal de Salud -PROFE-).

Hasta esa fecha, Álvarez decía tener 1.950 vacas y unos 130.000 pesos en acciones de distintas firmas que cotizan en la Bolsa de Valores. A pedido de Álvarez, se incorporó una pericia contable de parte que desmintió al estudio oficial.

La investigación arrancó el 25 de noviembre de 2005: el Tribunal de Cuentas comprobó que no se podía justificar un incremento patrimonial de 1.727.153 pesos, además de acciones por 110.000.000 de pesos, una cifra sideral que, de tan grande, llegó a causar confusión.

Ese monto se calculó a partir de las acciones que “Patucho” juró tener de empresas líderes: se mencionaron bonos, fondos de inversión y obligaciones negociables de Telefónica, YPF-Repsol, Astra, Siderca, Siderar, Acindar, Atanor, Aluar Ipako, Celulosa, Petrobras, Rigolleau, de los bancos Shaw, Francés y Macro, Tiavi, bonos de consolidación de deuda en dólares (segunda y tercera serie), cupones del Banco Hipotecario Nacional y bonos del Gobierno Nacional.

Cárcel y multa

El enriquecimiento ilícito, del que aparece sospechado “Patucho” Álvarez, está penado con prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua. Además, es el único delito donde se invierte la carga de la prueba y el imputado -que en todos los casos tiene que ser un funcionario público- debe demostrar cómo obtuvo su patrimonio.

En esta causa, “Patucho” llegó hasta la Corte Suprema, pero el máximo tribunal del país le denegó por unanimidad un recurso de queja. La misma respuesta había recibido del Juzgado 6, de la Cámara en lo Criminal de General Pico y del Superior Tribunal de Cuentas.

El ex funcionario quiso objetar dos cosas: por un lado, que el requerimiento para justificar la procedencia de su patrimonio fue realizado en forma “infundada” por el Tribunal de Cuentas, ya que presuntamente le correspondía hacerlo a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas; por el otro, que por la fecha de la denuncia el expediente debió quedar radicado en el Juzgado de Instrucción 3 y no en el 6.

Originalmente, la investigación estuvo a cargo del juez Jorge Luis Howe y Ralli, su reemplazante, recién estuvo a cargo desde diciembre de 2008.