El ex ministro de Bienestar Social Santiago “Patucho” Álvarez dio un último manotazo para zafar del juicio oral y público: pidió que aparten al juez de Instrucción Daniel Ralli, bajo el argumento de que no fue imparcial en el tratamiento de la causa.

Pero la Cámara del Crimen 1 volvió a rechazarle el planteo, que parece seguir la estrategia de al menos dilatar el tratamiento del expediente.

Este rechazo se suma a los que sufrió inmediatamente antes, cuando el Tribunal de Impugnación Penal le ratificó el embargo superior a los dos millones de pesos y confirmó la prohibición de salir del país.

El ex funcionario marinista, de este modo, aparece más cerca del juicio oral y público. En rigor, quedaría que el juez Ralli formalice las decisiones recientes y le dé vista a la fiscala Alejandra Ongaro para que el caso se eleve a juicio de una vez. Aunque no se descarta la insistencia del ex funcionario con algún otro planteo en distintos organismos.

“Patucho” fue procesado por el juez de Instrucción Nº 6 por enriquecerse ilegalmente en unos 708.723 pesos, tomados a valores históricos del año 2002. Esa cifra actualizada sería de 1.800.000 pesos. Ese procesamiento fue ratificado por el TIP en diciembre pasado.

Ni bien se conoció la decisión del tribunal de alzada, Ralli le prohibió salir del país. Se le trabó un embargo por 2.425.230,95 pesos.

La prohibición de salir del país se firmó porque los jueces estimaron la posibilidad de que “Patucho” lo haga, porque cuenta con las posibilidades, a fines de entorpecer la investigación.

El enriquecimiento está penado con prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua. Además, es el único delito donde se invierte la carga de la prueba y el imputado -que en todos los casos tiene que ser un funcionario público- debe demostrar cómo obtuvo su patrimonio.

De todos los planteos que había realizado el defensor Francisco Marull, el único que quedaba por resolver era la recusación del juez Ralli. La Cámara del Crimen rechazó el planteo de Álvarez en el sentido de que Ralli abandonó “el rol neutral” y la “imparcialidad”.

La investigación se inició el 25 de noviembre de 2005 cuando el Tribunal de Cuentas comprobó que no se podía justificar un incremento patrimonial de 1.727.153 pesos, además de acciones por 110.000.000 de pesos. Aunque Álvarez después aclaró que “no son 110.000.000 de pesos sino que son 110 millones de australes”.