Casi un año después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a Honduras y se encontró con que poco había cambiado con la supuesta vuelta de la democracia. “Sin perjuicio de la alta tasa de criminalidad que en general existe en Honduras, la CIDH considera que las denuncias recibidas podrían responder al mismo patrón de violencia que la CIDH denunció en el informe publicado el 20 de enero de 2010”, concluyó el órgano autónomo de la OEA, en un comunicado difundido esta semana. En enero, la comisión había sido lapidaria con la dictadura de Roberto Micheletti y la represión estatal sistemática contra todos los opositores al golpe de Estado, que había destituido al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio pasado. Hoy, bajo un gobierno, en apariencia democrático y reconocido por Europa y Estados Unidos, los detractores del golpe siguen siendo perseguidos y los represores sueltos. En sintonía con ese diagnóstico, la organización internacional Casa Alianza denunció que en los últimos cuatro meses –“bajo democracia”– 157 personas menores de 23 años fueron ejecutadas o asesinadas. Todos en un marco de impunidad total. La CIDH ejemplificó sus conclusiones con el último caso de persecución política, que aún resuena en la prensa internacional. “De especial preocupación son los actos de hostigamiento contra jueces y juezas que participaron en actividades contra el golpe de Estado”, advirtió el órgano de la OEA. Hace dos semanas la Corte Suprema dio un nueva muestra de su solidaridad con los golpistas al despedir a cuatro jueces, Alonso Chévez, Guillermo López, Ramón Enrique Barrios, la magistrada de la Corte de Apelaciones Tirza del Carmen Flores Lanza y el defensor público Osman Fajardo Morel. Todos era miembros de los tribunales de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país y su centro económico, y todos se habían pronunciado, de una manera u otra, contra el golpe.

Desde la presidencia de Ricardo Maduro, el predecesor de Zelaya, la Corte Suprema tiene la prerrogativa de trasladar y hasta despedir a cualquier juez, argumentando irregularidades en su trabajo. En Honduras el Poder Judicial no tiene un órgano que se ocupe de los procesos disciplinarios como el Consejo de la Magistratura en Argentina. Todo recae en la voluntad de la Corte Suprema, la misma que legitimó el golpe contra Zelaya y rechazó juzgar a la cúpula militar. “La mayoría de los jueces de la Corte no son jueces de carrera, eran abogados litigantes que representaban a las grandes empresas. Fueron nombrados, no por su probada trayectoria, sino por su probada militancia”, denunció Bertha Oliva, dirigente del Cofadeh, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país.

En diálogo telefónico con este diario, Oliva recordó que fueron jueces como los hoy sancionados y en huelga de hambre los que ayudaron al Cofadeh y las otras organizaciones a sacar de la cárcel y las comisarías a las decenas de opositores que todos los días eran detenidos por la dictadura. “Algunos incluso actuaron de oficio. Iban a las comisarías y veían las detenciones ilegales y los malos tratos. Redactaban los hábeas corpus y se los enviaban a otros jueces para que los ejecuten”, relató, con una mezcla de bronca e impotencia.

La complicidad de la Justicia está presente, sin ambigüedades, en el comunicado de la CIDH. “Hemos manifestado nuestra profunda preocupación por la ausencia de investigaciones efectivas que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos”, sentenció la comisión, entre sus primeras impresiones. Según el órgano de la OEA hasta ahora sólo una persona está detenida por violaciones a los derechos humanos y 12 han sido imputadas por cargos similares. Pero esos magros resultados ni siquiera coinciden con los de la Cofadeh. “No tenemos conocimiento de ningún detenido ni procesado. En cambio, hay 147 procesados por atentar contra la seguridad del Estado, cuatro de ellos aún detenidos. La mayoría son miembros de la Resistencia”, contó Oliva.

Las conclusiones de la visita de la CIDH no sorprendieron a ningún defensor de los derechos humanos hondureños, pero sí deben haber descolocado al creciente número de mandatarios que aseguran que en Honduras se vive en democracia y, por eso, abogan porque el pequeño país vuelva a ser aceptado en las instituciones y los foros internacionales. Del informe final de la CIDH dependerá mucho las negociaciones para levantar la suspensión que impuso la OEA, días después del golpe.

Como parte de esa campaña, Porfirio Lobo, el flamante presidente hondureño elegido al amparo de las fuerzas armadas, jura y rejura que se trata de criminales comunes, de las tan temidas bandas juveniles, las maras. El informe de la organización internacional Casa Alianza no discrimina al analizar los 157 asesinatos de niños y jóvenes; sólo habla del creciente nivel de violencia en la sociedad. Pero para Oliva, la discriminación es necesaria. “Hace unos domingos amanecimos con la noticia de que seis jóvenes habían sido asesinados. Tres de ellos eran miembros de la Resistencia, pero la policía dijo que todos eran mareros. Ahí murió el asunto; si son mareros, a nadie le interesa investigar”, explicó la dirigente.