A su vez, consideró que el titular del Ejecutivo local estaría al borde del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y recalcó que el Honorable Cuerpo Legislativo debería pedirle explicaciones al respecto. En declaraciones a FM Residencias, el Dr. Eduardo Romanín, recordó que en el año 2001 al promover la ordenanza que establece la obligación de los funcionarios públicos en dar a conocer sus bienes patrimoniales en forma anual, el “espíritu” de la iniciativa “era darle al ciudadano una tranquilidad de que sus autoridades no se enriquecían ilegalmente durante el uso de la función pública”. “Si están obligados a declarar todos los años el patrimonio que tienen, el vecino tendría teóricamente la posibilidad de ir viendo la evolución patrimonial de los funcionarios y constatar si ha habido un enriquecimiento fuerte del mismo, en función de qué inversiones o qué situaciones han variado que les han permitido incrementar sus bienes”, razonó. Inclusive, mencionó que, en su momento, la norma “fue votada por Pulti, que se puso a la cabeza y mostraba su decisión de transparencia”. “En el recinto fue uno de los que más fuerza puso y más pregonó la transparencia de esto y aquello”, comentó. No obstante a ello, reconoció: “No tuvimos éxito porque los funcionarios siguen robando, incrementando sus patrimonios”. En ese contexto, Romanín consideró que el hecho de que el Intendente no haya actualizado su información patrimonial durante los últimos cinco años es “una falta grande”. “No puede obviarla porque, aparte, hay una ley que obliga a todos los funcionarios públicos prestar su declaración”, aclaró y recalcó que el Jefe Comunal estaría al borde del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Finalmente, opinó que “algún concejal tendría que hacer un pedido de informes para preguntar por qué el Intendente no presentó todos los años la declaración jurada de los bienes que percibe” tal como lo establece una Ordenanza que está vigente.