Mientras el Gobierno hace equilibrio en una línea muy delgada entre el cumplimiento de las restrictivas metas fiscales y monetarias exigidas por el Fondo Monetario Internacional y que la situación social no le explote en las manos, desde el ala izquierda del Frente de Todos tensan la cuerda y le exigen que honre el compromiso de volcar recursos para los sectores más necesitados.

El Frente Patria Grande de Juan Grabois, que antes del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner había amagado con romper con los bloques legislativos del Frente de Todos, suma presión al Ministerio de Economía para que de una vez por todas cumpla con la promesa de lanzar un refuerzo de ingresos o IFE 5, un bono por encima de los 50.000 pesos (a pagar en tres cuotas en octubre, noviembre y diciembre).

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Esa iniciativa tiene como finalidad que cerca de dos millones de personas sin ingresos, que no reciben otras ayudas del Estado, puedan tener acceso al equivalente a una Canasta Básica Alimentaria.

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Este bono se iba a instrumentar a partir de lo liquidado por el famoso "dólar soja", que acumuló cifras récord y finalizó el 30 de septiembre.

 

Pasados más de quince días desde el vencimiento del programa, el Gobierno sigue estirando la mecha de la incertidumbre y no ofrece un horizonte claro sobre la fecha de implementación.

 

Sergio Massa, ministro de Economía

NA

 

Presión por el bono

 

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Grabois puso como ultimátum esta tercera semana de octubre antes de salir a la calle a protestar.

 

La presión de este sector de la coalición oficialista tomó impulso a partir de la última declaración pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el 28 de septiembre pasado, cuando le hizo una clara advertencia al ministro de Economía, Sergio Massa, al señalar el aumento de los niveles de indigencia según la última medición del INDEC, lo cual a su criterio evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos.

 

En este sentido, la jefa del kirchnerismo recalcó que "es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia". Ese "instrumento" había sido anunciado por Massa el 4 de septiembre cuando lanzó el "dólar soja", pero quedó en el plano de la promesa y de alguna manera la ex presidenta se lo reprochó públicamente.

 

La vicepresidenta ya había dado el visto bueno a la idea de un ingreso básico universal cuando la fuerza política de Grabois lanzó la campaña pública, en los tiempos en que se libraba una verdadera batalla de posiciones dentro del Gobierno con el entonces ministro Martín Guzmán.

 

Con la llegada de Sergio Massa y su programa de estabilización económica, el kirchnerismo bajó y enrolló esa bandera, y el pedido del Salario Básico Universal se hizo mucho más tenue, casi imperceptible. También se desinflaron propuestas alternativas como el refuerzo de ingresos que presentó en el Congreso la senadora ultraK Juliana Di Tullio.

 

El último tuit de Cristina Kirchner reflotó el debate, incómodo para la cartera económica, que hasta ahora solo sacrifica cuantiosos recursos fiscales para concederles privilegios a los sectores que más concentran la renta como el cerealero, el automotriz o el de la Economía del Conocimiento.

 

El diputado nacional, presidente del peronismo bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, no disimuló su encono cuando cuestionó públicamente que sectores del Gobierno se hagan "los guapos" con los trabajadores del neumático, a los que Massa acusó de intransigentes en el conflicto ya resuelto con sus patronales, mientras que se claudica contra las apetencias del sector cerealero, al darles un dólar de privilegio a cambio de las liquidaciones.

 

El secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, apuntó en ese momento contra el entonces ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, por "la impericia" que tuvo para manejar el conflicto del sector del neumático, y de alguna manera el embate tuvo su recompensa: desgastado, Moroni presentó la renuncia y nadie se interpuso en la puerta de salida de la Casa Rosada. Su reemplazo, una ex menemista como Kelly Olmos, no generó entusiasmo en el cristinismo, y de nuevo Larroque salió a poner en palabras el disgusto de su jefa por no haber sido consultada: "No es bueno que haya trascendido que no todo el Frente ha sido consultado a la hora de tomar esas determinaciones".

 

El líder de la Corriente Clasista Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, en cambio, valoró positivamente los cambios en el Gabinete, en especial la llegada de Victoria Tolosa Paz en Desarrollo Social, la cartera que motoriza el diálogo y las negociaciones con los movimientos sociales.

 

Sin embargo, la tensión con el Gobierno de parte de Alderete y la CCC pasa por un plano diferente. El presidente del Partido Comunista Revolucionario (PCR), de inspiración maoísta, avisó que no va a votar "un presupuesto de ajuste", y señaló que se tomará el tiempo necesario para estudiarlo antes de tomar una decisión concluyente.

 

"Vamos a proponer modificaciones en temas como el gasto social", sostuvo, y por las dudas abrió el paraguas ante un eventual rechazo del Presupuesto junto a su compañera diputada de la CCC en el Frente de Todos Verónica Caliva. "Lo que sí nosotros decimos con claridad es que no vamos a acompañar un presupuesto de ajuste. Eso iría en contra de nuestros principios y sería tirar por la borda toda nuestra historia", dijo. El que avisa no traiciona.

 

Por su lado, ante una consulta de NA, el diputado nacional Itai Hagman, del Frente Patria Grande, dijo que él no sostiene la caracterización de "un presupuesto de ajuste", aunque reconoció que sí es "un presupuesto restringido por el acuerdo con el Fondo, por la situación macroeconómica".

 

"Supone un ahorro fiscal. Ahora que sea o no de ajuste depende de cómo se haga ese ahorro fiscal o cómo se cumpla esa meta. Nosotros estamos trabajando para que ninguna de las partidas sociales, educativas, sensibles que garantizan derechos estén por debajo de la inflación", expresó.

 

En diálogo con Noticias Argentinas, reveló que desde el Frente Patria Grande están "tratando de modificar esas cuestiones del presupuesto y en todo caso que el ahorro sea con el tema de los subsidios (a las tarifas) y otras cosas.

 

"Estamos en ese batalla, el resultado lo veremos. Nuestra intención en este momento es enfocar todos los cañones en mejorar el presupuesto. Entiendo todas las restricciones que tiene, pero que no toque ninguna partida sensible", enfatizó el economista.

 

El plan de los gobernadores y del kirchnerismo y para eliminar las PASO es otro asunto que abrió un frente de conflicto con el ala izquierda de la alianza oficialista. No es el caso del Frente Patria Grande, que aún no sentó posición, pero sí la Corriente Clasista Combativa, Somos-Barrios de Pie y el Movimiento Evita, que anunciaron que no acompañarán esa iniciativa de reforma electoral.

 

"Estoy completamente de acuerdo con mantener las PASO. Las elecciones primarias, en estos tiempos donde las mayorías se constituyen a partir de alianzas basadas en equilibrios complejos, son una herramienta fundamental que debemos mantener. Negar la discusión que genera la posibilidad de emitir el sufragio, dirimiendo así cuestiones de representación interna de los espacios políticos plurisectoriales, es negar la democracia en su contenido más troncal", argumentó la diputada de Somos-Barrios de Pie Natalia Souto (Frente de Todos).

 

Por su parte, Alderete dijo que "de ningún modo votaría la eliminación porque las PASO dan inclusión a candidatos que se han ganado el lugar". Al respecto, sostuvo que, sinA197 n k las PASO, "las candidaturas las definen cuatros tipos en una oficina", y señaló que más allá de que la eliminación de las PASO va en contra de sus principios, "es un tema que no debería ser tratado ahora en este contexto critico económicamente".