Autoridades de diversas instituciones, vecinos y organizaciones sociales, de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, emitieron un documento de repudio a los sucesos ocurridos el 17 y 18 de junio en Bariloche, donde fueron asesinados tres jóvenes. El documento se originó en la Universidad Nacional del Comahue, en el marco de la jornada “Diez motivos para no bajar la edad de punibilidad”.

Tras la jornada se emitió un documento que será enviado a los diputados nacionales de todas las provincias reclamando que se vote contra el artículo que propone la baja de edad de punibilidad a 14 años en el proyecto de Ley que aprobó con media sanción el Senado de la Nación, el 25 de noviembre de 2009. La convocatoria para los legisladores es a votar “con inteligencia, responsabilidad, bondad de pensamiento y acción”.

El documento remitido por la Pastoral Social de la Diócesis Comodoro Rivadavia, sostiene además que la participación en delitos graves de adolescentes menores de 16 años en Patagonia, no supera las cuatro o cinco situaciones en los últimos 5 años por cada provincia: Chubut, Río Negro y Neuquén.

Luego argumentan que “los institutos destinados a la supuesta resocialización de nuestros adolescentes, sólo constituyen una instancia de privación de libertad y un post grado para el delito”.

FRACASO DE LA SOCIEDAD

Agregan que la presencia de niños y adolescentes en conflicto con la ley, implica el fracaso de una sociedad en el proceso de formación de sus niños y adolescentes y la falta de aplicación de postulados de doctrina de protección integral, plasmada en los tratados internacionales y leyes nacionales y provinciales.

“Que es el Estado quien debe asumir un rol protagónico en los programas de atención y acompañamiento de nuestros niños y adolescentes, para que ante la presencia de los primeros factores de riesgo, surjan programas de atención, con recursos humanos debidamente capacitados, justamente remunerados y sostenidos por presupuestos adecuados a la necesidad de cada uno de dichos programas”, argumentan.

Las organizaciones e instituciones firmantes sostienen además que dado que el espacio de crianza no son los institutos, sino la familia y la comunidad, es allí donde deben invertirse todos los recursos para acompañar su proceso de desarrollo.

Recuperan el aporte de la especialista Claudia Cesaroni, directora adjunta de la Oficina para América Latina de la Asociación de Prevención de la Tortura, con sede en Panamá y Miembros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos de Buenos Aires, quien formula que avanzar en la implementación de una ley así sería “regresivo”.

“No se trata de sancionar más leyes, sino de cumplir las que ya existen, porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima; porque si el estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro que hoy tiene mucho menos podrá controlar las que piensa crear. Los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales”, manifiestan.

“Van a meter presos a las principales víctimas del neoliberalismo que esta sociedad votó y aceptó durante una década”, sentencian.