Después del derrumbe, las víctimas. Después del rescate, las responsabilidades. ¿Cómo se puede edificar sin tener un permiso? ¿Cómo se controlan las construcciones? son algunos de los muchos interrogantes que abrió la tragedia de la Cooperativa Obrera.

Semanas antes del derrumbe, el dueño del predio, Néstor Guerrero, intentó adherirse a una moratoria que sancionó el Concejo Deliberante mediante una ordenanza para regularizar obras ya construidas y así evitar pagar la multa por su infracción, por los departamentos que construía encima del supermercado.

Los concejales advierten sobre trámites engorrosos para reglamentar obras en la ciudad.

Desde el Colegio de Arquitectos aseguran que el nivel de construcción en la ciudad es altísimo: "Este año ya se declararon 300 mil metros cuadrados nuevos", aseguró Eduardo Matkovich, presidente de la entidad.

Trámites

El trámite para declarar las obras nuevas y comenzadas en la Municipalidad consta de varios pasos. En el caso de construcciones todavía no iniciadas hay tres etapas: la de registrar la documentación -que debe cumplir con una serie de requisitos como la factibilidad de servicios, los planos aprobados por el Colegio de Arquitectos, el permiso de obra de la UOCRA y el Ministerio de Trabajo, entre otros-; el permiso de obra, que puede ser definitivo o provisorio, y por último la obtención del certificado.

"Si los profesionales traen la documentación correcta, los permisos de obra provisorios los damos en 10 días, entonces no hay excusas ni justificaciones para no hacerlo", explicó ayer el subsecretario de Planificación Urbana, Sergio Rivas.

El funcionario señaló que el procedimiento se estableció en 2006 mediante el Decreto Nº 1.499 que facilitó el trámite. El costo de la tasa está relacionado a los metros cuadrados a construirse y gira en torno a los 5 pesos por metro cuadrado.

En el caso de que ya se haya construido y no esté hecho el trámite de declaración, el propietario y el arquitecto o profesional a cargo de la obra debe registrarla con un procedimiento similar al anterior. Sólo se suma un paso más: la verificación o memoria ocular de la construcción. Se trata de la inspección en la obra donde se constata que lo ejecutado sea igual que lo planificado en el dibujo.

Después se hace una segunda evaluación para chequear que los planos respeten los indicadores urbanísticos de la ciudad. Si se respeta todo eso, se registra la obra, si no, se la declara como irregular y continúa un procedimiento de evaluación a cargo de una comisión especial que puede finalizar en el Concejo Deliberante con un pedido de derrumbe.

"El trámite no es engorroso como antes, que sí empujaba a que la gente no declare sus construcciones", explicó Matkovich.

Moratoria

El 31 de mayo pasado el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 12.476 que aprueba el Régimen de Regularización de Construcciones sin permiso o sin certificado final de obra. En los fundamentos, los concejales expresaron que los impulsó "la importante cantidad de metros cuadrados que se construyen sin ser declarados en el municipio".

Esta moratoria tiene una vigencia de 4 meses. Para adherir, se debe completar un formulario con carácter de declaración jurada. Se trata del trámite que inició el propietario del terreno -Néstor Guerrero- junto a su arquitecto -Alberto Diez- pero que no pudo prosperar porque sólo lo pueden hacer las obras ya finalizadas.

La adhesión a la moratoria exime al vecino de pagar la multa que le correspondería en cualquier otra situación, pero sí debe pagar una tasa al 100%: $300 para superficies menores a 50 metros cuadrados; $500 para mayores de 50 y hasta 200 m2; $1.000 para mayores de 200 m2; y $200 para finales de obra. Además, deben pagar alrededor de 10 pesos por metro cuadrado construido.

El subsecretario Rivas resaltó que la declaración de la obra no es garantía de que no ocurran siniestros. "Esto nos da un control pero no es garantía de que se ejecute bien la obra o que no se derrumbe", manifestó.