El fiscal Di Maggio pidió que se enjuicie a dos ingenieros del organismo. Acusa a uno de ellos de cobrar sin trabajar y de haber viajado con fondos públicos.
Se trata de Marcelo Fabian Lino y su hermana Rosa Graciela Lino. Esta última habría actuando encubriendo al primero. Di Maggio solicitó al juez de la causa, Marcelo Benavides, que resuelva elevar las actuaciones a juicio oral y público, para establecer sus presuntas responsabilidades.
El fiscal consideró que los incriminados -empleados jerarquizados del EPAS- son penalmente responsables de los delitos de estafa en perjuicio de la administración pública en calidad de autor y de partícipe primaria.
Irregularidades
Las irregularidades habían sido denunciadas por el ex titular del organismo provincial Nelson Damiani.
El fiscal sostiene que los imputados, entre el 1/2/2005 y el 4/6/2008 “fraguaron y utilizaron las planillas de asistencia” de Marcelo Lino, con el fin de hacer incurrir en error a la administración pública provincial, organismo que abonaba el pago mensual, por su incumplida responsabilidad profesional.
Las investigaciones además probaron que el acusado “en verdad no prestaba servicios para dicho organismo, sino que lo hacía a favor de una empresa petrolera privada, ocasionando de tal manera un perjuicio económico patrimonial al erario público por un valor estimado de 84.599,83 pesos”.
Viajes
También se acreditó a través de informes aportados por Gendarmería Nacional que el individuo viajaba en líneas aéreas a distintos países de Latinoamérica y que se hospedaba en hoteles del interior del país y de la Capital Federal.
En cuanto a la conducta penal desplegada por la mujer, para el fiscal habría quedado lo suficientemente claro que, aprovechando su trabajo como responsable del Departamento Seguridad e Higiene del EPAS, contribuyó para que su hermano viajara por distintos países del mundo en representación de una firma petrolera.
Se presume que Rosa Lino cubría las prolongadas ausencias laborales en el organismo provincial de Marcelo Lino. De allí, entonces, el fiscal considera que su responsabilidad penal se encuadra en el delito calificado como de partícipe primaria.
El fiscal subraya en el escrito que en los elementos de prueba logrados en el sumario de instrucción, corresponde atribuir al imputado Marcelo Lino el delito de fraude a la administración pública mediante estafa consumada, en grado de autoría, según las disposiciones de los artículos 45, 172 y 174 inciso 5 del Código Penal. Se establecen penas que podrían ir de los seis meses a los seis años.
Maniobras
Explica que “estas maniobras sólo pudieron ejecutarse con el fin de provocar error mediante engaño a la administración pública, aprovechándose el imputado del aporte realizado por su hermana, quien presentaba de modo continuado planillas de asistencia fraguadas para aparentar que aquel prestaba efectivamente servicios en la administración pública, cuando ello no era cierto”.
Lo que buscaba era que Marcelo Lino “percibiera de modo habitual durante el período de ejecución del hecho continuado una retribución mensual sin realizar contraprestación a cambio”.
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