La decisión había llegado tarde, pues la rabia de los comerciantes posadeños ya había superado el límite de lo “manejable” y, de ninguna manera, dieron marcha atrás con la protesta organizada en los días previos. Justo a la inversa de lo que sucedió con el alcalde y su equipo, que recularon al comprobar lo impopular que era la propuesta, los comerciantes dieron una muestra de fuerza que dejó en ridículo al ejecutivo municipal.

La caravana de reclamo de los automóviles, se concentró en la rotonda de acceso a la ciudad, pasó por la Avenida Uruguay, y circundó la Municipalidad, inundando cada calle con las estridentes bocinas y los coloridos carteles de repudio al incremento en los impuestos. Sin embargo, la protesta no fue encabezada por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, y ese no es un dato menor, pues pone de manifiesto que los comerciantes no están unidos y que, al menos una parte, está comprometida con el municipio y/o el partido gobernante.

De acuerdo con los comerciantes, la presión impositiva del ejecutivo sobre la actividad es asfixiante. Este no es un año de bonanza económica, como lo fue el 2010 o el 2011 (un año electoral, cabe aclarar), y en un contexto de desaceleración económica y retracción en las ventas, los comercios debieron soportar el ajuste fiscal del municipio y la provincia. Un ajuste que se origina en el mismo proceso macroeconómico que jaquea a la civilizada Europa, pero que también tiene ribetes post-electoralistas o pre-electoralistas, según la perspectiva que se adopte. Así pues, se combina la necesidad de recaudar más del Estado con la menor actividad económica de este muy particular grupo de contribuyentes, que depende de las ventas, es decir, del poder adquisitivo de los demás contribuyentes.

Pues bien, en este escenario planteado, el ejecutivo municipal debió desplegar su estrategia para conseguir sus propósitos evitando el conflicto social y sus costos políticos. A la luz de los resultados, todo parece indicar que no se empleó la estrategia más adecuada. O bien, el modo en que fue implementado fue decididamente poco feliz. Otro tanto le cabe a la Provincia, aunque la manifestación no haya expuesto a la Gobernación o a la Legislatura. Cabe recordar que la protesta no se limitó al obsceno aumento en el canon a la cartelería, sino que apuntó al impuesto inmobiliario, al impuesto a la actividad comercial, al incremento en la tarifa de la luz, etc.

Como fuera planteado, si el interés del ejecutivo que lidera Franco era el de recaudar más, deberían haber consensuado un monto que los comerciantes estimaran razonable. Los aumentos del impuesto a la cartelería del 1600% y más, a partir de la creación/implementación de las unidades tributarias, pone de manifiesto una infinita torpeza a este respecto. Si el interés era el de limitar la cantidad y volumen de carteles, en la búsqueda de una menor contaminación visual –sobre todo en el microcentro posadeño-, existían otros mecanismos para lograr esto. Es decir, ordenanzas que nada tuvieran que ver con la política fiscal. Por otra parte, aquí entraba en juego la consideración sobre donde radica la belleza de la ciudad, si en la ausencia o en la presencia de los carteles luminosos. De acuerdo con el sumamente creíble Defensor de la Renovación, Marcelo Vairo, los comerciantes que no se sometían al severo aumento del impuesto municipal, contribuían al “afeamiento” de la ciudad, al quitar o tapar sus carteles. En fin, una opinión tan claramente comprometida con el partido gobernante como la del Defensor del Pueblo de Posadas, no debe ser considerada según sus propios términos, sino en función de sus condicionantes partidarios

Quizás el probo equipo de Franco pensó que podría explotar las internas de los comerciantes, de manera tal que éstos no pudieran responder colectivamente ante el avance sobre su recaudación. Ese no fue el caso, o bien, el intento quedó a mitad de camino. Pues con la amenaza fiscal, el municipio logró el registro de la cartelería de comercios que año tras año, evadían el canon, al no declarar sus avisos comerciales expuestos en la vía pública. Lo cierto es que, ni el rimbombante anuncio de Blodek, sobre la bonificación del 50% en el canon para carteles de menos de 20 m2 (más un 20% extra para los que lo abonaran en término) pudo contener a la “turba iracunda” de los comerciantes, que fue verdaderamente masiva. Ni siquiera el anuncio de nuevos plazos para el reempadronamiento.

La suerte estaba echada y Franco volvió a sufrir otro bochornoso escarnio público, como a principios de año con el conflicto con los municipales. Última cuestión: en ambos conflictos se puede plantear que hubo una decisión política decididamente torpe, ridículamente obtusa. A los municipales se les impuso el aumento salarial pretendido por el Ejecutivo en forma inconsulta. A los comerciantes, el exponencial aumento en el impuesto a la cartelería. En ambos casos, el intendente Franco quedó políticamente expuesto, al no poder las conducciones del Soemp y de la CCIP, respectivamente, contener a sus bases sociales.

Párrafo aparte merece la actuación de la Cámara de Comercio. A pesar de que, esporádicamente, su titular Norma Blanco expresó su desaprobación ante el ajuste impositivo del municipio, es destacable que la organización no encabezara institucionalmente, la acción directa de los comerciantes.

Lo que pudo haber sido una demostración de fuerza para la CCIP, se convirtió en una muestra de debilidad. Quizás allí radica el quid de la cuestión: las internas entre los dirigentes de la cámara empresarial. Si ésta pretendía otro tipo de medidas o de negociación con el municipio, la demostración de repudio más o menos organizado, ha dado por tierra con esa posibilidad. Al mismo tiempo ha dejado rezagados a los dirigentes más notorios de la Cámara, es decir, por detrás de los comerciantes más enérgicos al momento de defender sus intereses. Los cuales, obviamente, no son los de la sociedad. “Donde hay competencia, no hay cooperación”, sostiene un viejo axioma, que parece haber sido trastrocado, complejizado y corroborado en la jornada de hoy.