“El órgano de control observó las obras denunciadas por parte de los ediles justicialistas y concluyó que por las mismas se pagaron precios superiores a lo que debió haberse abonado. Además de ello y aún más grave es la constatación de que en algunos casos los reductores de velocidad fueron realizados con deficiencias y en otros ni siquiera fueron colocados”, dijo la edil.

“Las conclusiones del Tribunal de Cuentas, en primer término, informaron que las obras se contrataron en un conjunto de obras menores, bajo contratación directa, concurso privado o licitación privada, cuando podía haberse contratado en una sola, a través de una licitación pública. Esto teniendo en cuenta que de la documentación recabada no se advierten razones que justifiquen la partición de la obra”, dijo.

“Por otra parte, de las ocho obras auditadas, siete fueron llevadas a cabo por la misma empresa, Leandro Paz Construcciones, sin compulsa, ya que en todos los casos se presento como único oferente”, señaló.

“En tanto, en la obra 2 el inspector designado es el subsecretario de Mantenimiento y Conservación de la Municipalidad de Resistencia, Fabián Horacio Bravo, quien a su vez certifica la mayoría de las mismas, aún aquellas donde se constato la falta de ejecución del lomo de burro. Esto significa que existe un falso control y certificación, ya que hay casos en los que ni siquiera se colocó el reductor de velocidad”, dijo.

“Además en las obras 3, 4, 5, 6 y 7 se observa que la certificación sólo fue suscripta por el ingeniero Bravo y por el ingeniero Bonfanti sin la participación del servicio de inspección designado para tal caso. Constituyendo esto una forma más de fraude”, expresó.

“Pero lo más preocupante es que según el Tribunal las obras no cuentan con el análisis de precios que respalde el presupuesto oficial, lo cual constituye una irregularidad en clara violación a la Ley de Obra Pública Nº 4.990”, añadió.

“Como conclusión final, se destaca que la totalidad de las obras auditadas presentan sobreprecios y la totalidad de las que fueron verificadas físicamente presentan deficiencias en su ejecución y/o falta de ejecución de lomos de burros y/o carteles reflectivos. Conforme a todo lo anteriormente expuesto surge la suma total de daños advertidos de 910.181,75 pesos”, detalló.

“Esto demuestra que el rol de contralor que deben ejercer los ediles municipales es de vital importancia para evitar que las autoridades se excedan en el cumplimiento de sus funciones o realicen actos que no están de acuerdo con la ley”, remarcó la concejala.