La iniciativa de Carlos Martínez, que abarca a la administración central y entidades autárquicas y descentralizadas abarca a contratados de servicio y de obra, que a diferencia del gobierno dispone que están en condiciones quienes al momento de que entre en vigencia la ley tengan un año de antigüedad de prestación de servicio. La propuesta oficial solamente establece que deben haber sido contratados antes del 30 de junio de este año. También hace referencia que de esta normativa quedan excluidos los trabajadores del Poder Judicial; Poder Legislativo; el personal comprendido en el Estatuto del Docente y aquellos regidos por normas o estatutos especiales o Convenios Colectivos de Trabajo, como también los beneficiario de planes sociales y becas. Las diferencias Si bien el gobierno busca que para ingresar se hagan concursos de antecedentes y oposición, la propuesta de Libres del Sur pretende que las personas que se incorporen a la planta permanente quedan exceptuadas del régimen de concursos. Asimismo establece un régimen de capacitación voluntaria gratuita para todo el personal incorporado a planta permanente de la Administración Publica de la Provincia, a cargo de profesionales idóneos en las distintas áreas. Por otra parte dispone que las incorporaciones se hagan en orden progresivo de acuerdo al cupo establecido por el Ejecutivo por razones presupuestarias, hasta cubrir la totalidad en un plazo no mayor al de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Busca que la prioridad la tengan los contratados de mayor antigüedad Los fundamentos En los considerando del proyecto el autor sostiene que busca poner a consideración del Cuerpo una propuesta legislativa que “aporte a dar una solución definitiva a la precarización laboral en la que se encuentran actualmente todos los trabajadores de la Administración Pública provincial. Esto es necesario para dar inmediato cumplimiento al artículo 70º de la Constitución Provincial que reza: ‘Ningún empleado de la Provincia, con más de un año consecutivo de servicio, podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, sus aptitudes físicas y mentales, y su contracción eficiente para la función encomendada’. La ley reglamentará esta garantía, los deberes y responsabilidades del empleado o funcionario y determinará, las bases y tribunales administrativos para regular su ingreso, por concurso o prueba de suficiencia, los ascensos, remociones, traslados o incompatibilidades”. Martínez aseguró la necesidad de tomar cartas en el asunto y aprobar la ley porque “no es solamente el derecho a la estabilidad el que se pasa por alto cuando se somete al empleado público a sistemas precarios de contratación. Los contratados de obra y de servicios no gozan de los mismos derechos que empleados de planta permanente que realizan tareas similares, no cuentan con las mismas condiciones de descanso y vacaciones pagos, no gozan de los mismos derechos previsionales y carecen en la mayoría de los casos de la cobertura de la Seguridad Social, entre otras inequidades manifiestas. La precarización laboral atenta, además, contra los derechos laborales que tienen que ver con la organización sindical libre y democrática”.