Una vez más, la idoneidad es uno de los requisitos menos verificados a la hora de acceder a un cargo público, y las consecuencias más nefastas siempre caen sobre el común de la gente, por ejemplo generando falsas expectativas sobre el acceso a beneficios sociales.

Para ser funcionario no solamente hay que tener amigos poderosos -como en este caso lo ha sido Juan Garivoto-, sino además saber algunas cosas sobre ese quehacer que uno tendrá a cargo. Saber algo, o leer lo que no se sabe.

No abundaremos en detalles acerca de la manera en que el actual Defensor adjunto, Cristian Azcona, llegó a la vida política local, pero bastará con recordar que proviene de los foros de seguridad barriales. Con buenos contactos, su ascenso fue meteórico, pero no pasó por la capacitación específica. Oportunamente fue denunciado penalmente por la diputada provincial Julia García.

Cuando no hay más recursos, la estrategia ideal para conseguir adeptos traducidos en votos suele ser la demagogia política, modalidad que se trasluce en el conflicto que durante el presente año han llevado adelante Azcona y la Unión Transitoria de Empresas, UTE.

Sucede que para obtener el pase gratuito en el trasporte de pasajeros, las personas con discapacidad presentan la documentación en el Área de Discapacidad Municipal. Dentro de las 72 horas, cumplidos todos los requisitos, el Estado tiene la obligatoriedad de entregar la tarjeta que habilita a viajar gratuitamente. Pero es explícito el texto, cuando se cumplen los requisitos. Es decir cuando los papeles están en regla. Por eso existe una entidad, el Servicio Nacional de Rehabilitación, que entre otras funciones, establece un criterio común y válido acerca de qué patologías serán consideradas discapacidades. En esos casos sí rige la obligatoriedad de entregar un pase libre de trasporte.

Entre otras preceptivas, la entidad se expidió a través de una disposición 396/06, que en el anexo I punto C indica que no serán considerados discapacitados auditivos – por ejemplo- aquellos pacientes que padezcan las siguientes patologías: hipoacusia perceptiva leve bilateral, hipoacusia conductiva leve bilateral, hipoacusia mixta leve bilateral, hipoacusia unilateral ni normo audición. Otra de las disposiciones, en este caso la 395/06, establece criterios para entregar el beneficio a acompañantes, y dice que el hipoacúsico tendrá un acompañante liberado solamente cuando sea menor de 18 años.

Es decir que una persona no es discapacitada o no, en términos legales, solamente porque padezca una dolencia. Por más desdichada que sea una condición, por más compleja que sea una patología, debe de estar encuadrada en la citada nómina. Pero ni Azcona ni la Directora de Discapacidad, Leticia Moyano, lo aclaran.

Protesto

Azcona presentó ante la prensa su desacuerdo porque, en un número importante de casos, la UTE no había entregado el pase en tiempo y forma, pero no tuvo en cuenta explicar las razones de esta negativa. Dijo que las empresas cuestionaban ciertos certificados de discapacidad, pero omitió explicar que, si bien el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur – que firmó los certificados- depende de aquella institución de carácter nacional, hizo constar una discapacidad no nomenclada, a veces de manera incompleta o con errores de forma. Algunos certificados tenían enmiendas sin salvar o habían sido completados de manera defectuosa, por ejemplo sin fecha de vencimiento.

“Los empresarios hablan de un abuso de la cantidad de viajes que realizan los discapacitados y la cantidad de pases otorgados”, dijo Azcona ante la prensa, y estableció como argumento que el 10% de la población mundial sufre distintas discapacidades. “Por lo tanto, de los 700.000 habitantes de la ciudad, 70.000 deberían tener el pase y sólo se entregaron 6.500. No hemos llegado ni al 1%, como si los beneficios se entregaran por simple estadística, sin tener en cuenta que deben ser otorgados a quienes la ley ha determinado como beneficiarios. Si no hay consenso al respecto será entonces necesario seguir los caminos legales para modificar las normas con más fundamento que la simple exigencia.

En cuanto al cuestionamiento que la empresa realizó, el funcionario municipal señaló: “está autorizado por un profesional que estudia, que hace un doctorado para certificar y es algo que no se puede cuestionar”. Se ve que Azcona no conoce la diferencia entre ser médico y hacer un doctorado. Carlos Erenchun, por ejemplo, es médico cirujano, y firma en nombre del Instituto Nacional de Rehabilitación del Sur varios certificados de discapacidad que detallan patologías que la norma no cataloga como discapacitantes. Es decir, no ha consultado el listado. Y Mario Ricciuto, director asistente, los refrenda. También lo hace Nora Tognetti en su carácter de directora de la misma institución.

Mientras tanto, el gerente de la UTE, Juan Antonio Bilbao, contesta una solicitud tras otra haciendo referencia el mismo documento: la disposición 396. Los certificados están mal hechos.

Cuestiono

Como si fueran pocos los argumentos más endebles que tuvo a su alcance, Azcona cuestionó que la Municipalidad pague el servicio ambulante de transporte para personas discapacitadas, Servisa: “Si no se abonara ese dinero, se utilizaría en la incorporación de rampas y todos los colectivos las tendrían”, y añadió que no todas las unidades que circulan están diseñadas para personas con silla de ruedas.

Servisa traslada a muchos discapacitados que asisten a escuelas públicas como integrados, y que no están en condiciones que utilizar el servicio de colectivo de pasajeros. Pero eso Azcona no lo sabe. No lo sabe porque en realidad esta movida de prensa es la suya propia, y va más allá de las necesidades y los derechos adquiridos que el Estado debe cubrir. Pinta a las empresas como insensibles y ofrece un simple argumento de estadística, como si se debieran entregar pases libres con cualquier criterio hasta cubrir la cifra estimada.

Mientras tanto, los accesos a los edificios públicos son prácticamente imposibles para los discapacitados, como en el caso del Tribunal de Faltas. Las escuelas tampoco prevén el ingreso de personas discapacitadas, aunque hayan llegado allí a través de Servisa.

Hay muchos caminos para hacer carrera en la política, el clientelismo es el más habitual y tal vez el menos académico: consiste en conceder beneficios como diere lugar, sin ver qué es lo que se deja en el camino. A la manera de un Papá Noel telúrico, Azcona y otros funcionarios municipales prometen pases libres, y algunos médicos del Instituto firman.

Otra vez, hacer de bueno parece un recurso de éxito, sobre todo con la plata ajena. Una política de atención a la diversidad que resulte eficiente no se arregla con repartir entradas gratis como si fueran de una disco, sino con establecer idénticas oportunidades de acceso a los diferentes aspectos de la vida en sociedad. Lo mejor será que Azcona y más de un funcionario se acerquen a la iluminación de la lectura: seguro que hará con ellos maravillas.