La Administración Federal de Ingresos Públicos no parece muy apurada por saber si hay productores agropecuarios pampeanos que evaden. A dos años de un megaoperativo, que incluyó 23 allanamientos en establecimientos rurales y estudios jurídicos y contables del norte de la provincia, el ente recaudador aún no determinó si hubo un fraude fiscal en la comercialización de cereales y hacienda.

La investigación está frenada en la justicia federal a la espera de que las autoridades de la AFIP -La Pampa depende de la delegación Junín- determinen si hubo evasión y por qué montos. Si la hubo, dependerá justamente de los montos para conocer si se trató de una simple infracción al régimen penal tributario, o si debe iniciarse una causa penal.

En el caso, por ahora, no hay imputados, pero el expediente contiene los nombres de cinco personas porque ellos mismos presentaron escritos ante el juez Pedro Vicente Zabala. En los procedimientos realizados en General Pico, Intendente Alvear y Vértiz se secuestraron 94.400 dólares "de apariencia apócrifa" y sellos de la Policía Federal y de la justicia santafesina que también serían falsos, de acuerdo a lo que surge de tres resoluciones dictadas por la Cámara Federal de Bahía Blanca.

En esos dictámenes, los jueces Ricardo Emilio Planes y Augusto Enrique Fernández desestimaron los pedidos de Héctor Abel Gonzalo, Lucas Eduardo Soria y Raúl Aníbal Castresana para declarar nulos los allanamientos realizados en sus domicilios. Los otros dos involucrados son Andrés Emilio Falagan y Gerardo Enrique Vega. El tribunal dijo que no pueden anularse los allanamientos porque las órdenes no contuvieran fundamentos, porque no se entregaron copias de las actas, ni porque alguien no haya firmado las actas. Los 23 procedimientos fueron efectuados por personal de la AFIP y la Policía Federal en agosto de 2010, en el marco del megaoperativo. En esa ocasión no sólo se requisaron las viviendas de Gonzalo y Soria en Eduardo Castex, sino que también se allanaron estudios contables y jurídicos y campos en las tres localidades citadas.

Desde ese momento, la AFIP está obligada a responder si considera que los involucrados, u otros personas, intentaron "gambetear" al fisco y eventualmente cuantificar esas maniobras fraudulentas. La ley prevé que si la evasión no supera los 100.000 pesos "por cada tributo o por cada ejercicio anual", se trata de una simple falta; pero si está por encima de esa cifra fija penas de prisión de dos a seis años, y de tres años y seis meses a nueve meses cuando se dejaran de pagar más de 200.000 pesos (se considera que es evasión agravada).

A mediados de agosto.

¿Qué hizo la AFIP en estos dos años? Poco. Tuvo 90 días hábiles para responder si hubo fraude fiscal, pero no llegó a ninguna conclusión, y le pidió al Juzgado Federal una prórroga de otros 90 días hábiles. Ello ocurrió el 12 de marzo pasado, por lo que el plazo vencerá a mediados de agosto. En ese momento tendrá que decir su verdad.

También en cierto que en todo este tiempo, los cinco sospechosos presentaron varios recursos para tratar de "patear" hacia adelante la investigación. La defensa de Gonzalo y Soria, por ejemplo, cuestionó las órdenes judiciales de los allanamientos, las actas labrados en ellos, la falta de entrega de copias de las actas y hasta que se secuestraran elementos que no tenían vinculación directa con la pesquisa de los sabuesos. Nada les fue aceptado. En la casa de Gonzalo, la Federal secuestró "944 billetes de cien dólares de apariencia apócrifa (94.400 dólares en total), todos con la misma numeración visible y divididos en fajos; elementos que podrían configurar la materialidad de otro delito y cuya tenencia aparece, prima facie, como ilegítima", expresaron los jueces bahienses. A su vez, en la vivienda de Soria se hallaron "varios sellos que aparecen, prima facie, como destinados a un uso ilícito. Al sólo efecto ilustrativo, resulta en principio injustificada la tenencia de varios sellos de 'agentes' de la Policía Federal con distintas jerarquías y de sellos de una 'Oficina de Certificaciones del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe', entre otros incautados".De las cinco personas nombradas, Gonzalo es el único que tuvo una condena y fue preso. Ocurrió en los '90 por haber formado parte de una superbanda que se dedicaba a robar y revender maquinarias y equipamientos en campos. Los sabuesos de la AFIP sospechan que habría acopiado granos fuera de la provincia y que habría pagado las compras con los supuestos dólares falsos que luego ofrecía cambiar por pesos. ¿Los otros? Soria fue empleado suyo, aunque hace algo más de un año habría instalado un negocio relacionado con la informática. Falagan fue futbolista del club Estudiantil de Castex, y Vega sería un profesional que se desempeña en la ciudad bonaerense de Junín.