En realidad, se veían en figurillas para pagar el medio aguinaldo de junio y hasta amenazaban con emitir cuasimonedas ante la escasez de recursos en sus distritos. Ahora ese riesgo parece disiparse, sin que se hayan modificado las causas.

La estrechez fiscal se mantiene en la mayoría de las provincias y afecta a las de mayor dimensión (con Buenos Aires a la cabeza), aun cuando debieron aumentar impuestos o valuaciones fiscales que evitaron durante el año electoral y postergar sin demasiados miramientos los pagos a proveedores y contratistas. Un cálculo del Estudio Broda estima que las necesidades de financiamiento de las 24 provincias pasarán de 24.200 millones de pesos en 2011 a cerca de 40.000 millones en 2012, con un gap (sin cobertura) superior a 10.000 millones. Otro problema adicional es que la suba del riesgo país, catapultado por la expropiación de YPF, les impide colocar deuda en mercados externos: hoy deberían afrontar tasas de 13% anual en dólares, casi el doble de lo que paga España en su peor crisis. Con este panorama, el pago de sueldos y aguinaldo de junio se convierte en un test para verificar si el gobierno de Cristina Kirchner acelerará la "maquinita" del Banco Central para emitir y transferirles los pesos que necesita el superpoblado sector público provincial y municipal, sin agitar fantasmas de la crisis de 2001/2002 aunque la situación no sea comparable.

Si se confirma esa sospecha, se trataría de otro parche para una frazada corta. En todo caso, derivaría a las provincias parte de la emisión monetaria extra (unos 50.000 millones de pesos adicionales) que el gobierno de CFK se aseguró con la reforma de la carta orgánica del BCRA para financiar su propio déficit. Sin ir más lejos, en el ámbito bonaerense el pago de sueldos y aguinaldos insumiría este mes más de 5000 millones de pesos, una cifra que casi duplica el ingreso anual previsto con la controvertida reforma impositiva provincial (2600 millones) que impacta en el sector rural con la abrupta revaluación fiscal de tierras y aumenta las alícuotas de ingresos brutos con un casi seguro traslado a precios. O sea, que sus consecuencias van más allá de este invierno.

La perspectiva fiscal también se complica con el enfriamiento de la economía, que se encamina a un escenario de estanflación. Así, resulta más difícil sostener el permanente aumento del gasto público con una recaudación que tiende a subir menos en términos reales. En el primer cuatrimestre de este año, el gasto primario nacional creció a un ritmo de 33% interanual, mientras los ingresos totales (sin aportes del BCRA y la Anses) lo hicieron al 28%. Pero en abril y mayo -según el mismo informe del Estudio Broda- las transferencias por coparticipación a las provincias se desaceleraron con subas de sólo 17% interanual en cada mes, mientras las no automáticas bajaron 8,4% en abril. En esto tuvo que ver el freno en la recaudación de derechos de importación debido a las trabas oficiales.

A diferencia de lo que ocurrió con la recesión de 2009 -nunca reconocida por el Indec-, el Gobierno tiene menos margen de maniobra para recuperar la declinante actividad económica sin agregar presiones inflacionarias y cambiarias. Ya no están los pilares del "modelo" (superávits gemelos y tipo de cambio real competitivo); el BCRA debe financiar al Tesoro con reservas y emisión de pesos; crecen las importaciones energéticas y la política económica se transformó, desde fin de 2011, en un sinfín de controles discrecionales que desalientan la inversión privada, el aumento de la producción y de las exportaciones.

RESPUESTA KEYNESIANA

El nuevo plan de construcción de viviendas anunciado por CFK es un implícito reconocimiento a la necesidad de reactivar a un sector que se contrajo debido, precisamente, a la incertidumbre provocada por el cepo cambiario. Se trata de una respuesta keynesiana, más elaborada que otras anteriores, para impulsar una actividad de alto efecto multiplicador, que no depende mayormente de insumos importados y puede operar en pesos. En lo inmediato, los créditos subsidiados a largo plazo y bajo interés beneficiarán a familias que ya disponen de un terreno. Pero esta base teórica no despeja los interrogantes que surgen de la gestión casi "artesanal" del resto del plan. Entre ellos, con qué criterios se asignarán terrenos fiscales y préstamos; cómo se acordarán precios de materiales con costos internos en alza; cómo se evitará que se descapitalice el Fondo de Garantía de la Anses al otorgar fondos a tasas negativas frente a la inflación; hasta qué punto puede afectar a los jubilados actuales (por sentencias impagas) y futuros (por haberes) o qué impacto fiscal tendrá el plan con el previsible subsidio a cargo del Tesoro.

Sin embargo, y aún en la mejor de las hipótesis, este megaproyecto no revierte el clima invernal que rodea a la economía ante la ausencia de políticas coordinadas. Entre otros contrastes, la demora en paritarias del sector privado hace que muchos asalariados paguen precios de 2012 con salarios de 2011. En los acuerdos homologados, los aumentos se fraccionan en dos tramos, con el segundo hacia fin de año. Mientras tanto, la desactualización de las bases imponibles de Ganancias y Bienes Personales eleva la presión tributaria, al igual que la suba de impuestos provinciales y municipales. La brecha cambiaria de 30% hace que quienes atesoraron dólares el año pasado -para prevenirse de controles o suba del paralelo que al final se produjeron- difícilmente se desprendan de ellos por desconfianza. Otro tanto ocurre con las idas y venidas oficiales con la pesificación de contratos, inviable sin reconocer la inflación, o, al menos, una indexación poco aconsejable con atraso cambiario y tarifas congeladas. Aún así, en mayo hubo un importante aumento de ventas de autos (14,5% interanual), atribuible a menores precios en términos de dólar blue. Pero aunque ello no impidió una caída de 24% en la producción debido al derrumbe de exportaciones a Brasil, cada unidad implica déficit comercial debido al alto componente de partes importadas o de vehículos de ese origen en las ventas totales. Por otra parte, si bien la desaceleración económica redujo la demanda de gasoil (3,4% en el primer trimestre), el ahorro de divisas se contrarrestó por mayores importaciones de gas natural a precios más altos, que impiden reducir el déficit comercial energético y la cuenta de subsidios, aún antes del mayor consumo invernal.

Más allá del invierno, los desequilibrios económicos colocan al Gobierno en una encrucijada para la segunda mitad del año. Con inversión retraída en sectores clave, estimular la demanda con "anabólicos" (más gasto público, subsidios, salarios y emisión monetaria) puede tener un efecto transitorio que obligue a aumentar las dosis si se traduce en mayor inflación. Sería como mantener un fuego encendido sólo con papel..