Aunque el tema de las pasantías rentadas en el Ministerio Público ya fue tratado por el Colegio de Gobierno en agosto del año pasado, no se descarta que en los próximos días este órgano vuelva a tratar el asunto en base a una decisión ya tomada.
La decisión se tomó en momentos que el Ministerio Público era cuestionado por la creación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, cabe recordar que el Colegio de Abogados, en ese entonces el presidente de la entidad profesional, Eduardo Romani, llevó adelante una campaña contra el CIF.
Fuentes del Ministerio Público recordaron que durante ese lapso de incertidumbre, Romani orientó los reclamos a fin que los letrados que trabajaban en el Ministerio Público bajo este régimen sean pasados a planta permanente.
Tácitamente lo que se pretendía era sentarse junto a los integrantes del Colegio de Gobierno y decidir a "dedo" quiénes iban a ser contratados de manera efectiva, situación que en algún momento el Colegio de Abogados logró hacerlo con el Poder Judicial, se recordó.
Ante la negativa del Colegio de Gobierno a esta maniobra, los reclamos se incrementaron y se buscó atacar la figura del procurador en busca de obtener el apoyo de distintos sectores.
Las resoluciones
En las resoluciones que se tomaron dentro del Ministerio Público atinentes al régimen de pasantías, se advierte que el sistema fue aprobado y puesto en funcionamiento por Resolución Nº 3926, el 9 de agosto de 2001.
En su enunciado, el escrito, firmado en ese momento por el ex procurador Ramón Catalano junto a los fiscales ante la Corte, Alejandro Saravia y Adolfo Jérez, sostenía que el régimen de pasantías se ponía en marcha en vista de "las limitaciones presupuestarias" impuestas desde el Poder Ejecutivo, en ese entonces a cargo del ex gobernador Juan Carlos Romero, quien limitó de esta manera la creación de cargos dentro del Ministerio Público.
En dicha resolución, se aclaraba que las pasantías de los abogados serían voluntarias, gratuitas y bajo ningún aspecto iban a generar vínculo laboral alguno, puesto que fueron los letrados los que habían hecho el ofrecimiento de hacer trabajos "ad-honorem" dentro del Ministerio Público.
Tres años después, el 27 de febrero de 2004, el ex procurador Aldo Rogelio Saravia, a través de la Resolución Nº 4444 dejó sin efecto lo resuelto por Catalano y reemplazó el régimen de pasantías por el actual sistema de prácticas laborales, actualmente criticado por Romani.
En la parte resolutiva de este documento, en el punto 5, se establece como obligatorio informar sobre la creación de este sistema de "prácticas laborales" al Colegio de Abogados, institución que estuvo al tanto de esta irregularidad desde el 2004, puesto que desde su génesis este régimen no hacía más que impulsar el trabajo en negro.
En el Ministerio Público y otros organismos del Estado se preguntan por qué el Colegio de Abogados no comenzó con los reclamos en el 2004, mientras que entre los abogados más jóvenes del foro local se responsabiliza a Romani por haber provocado la pérdida de esta fuente laboral con su reclamos, provenientes de intereses externos al colegio.
Comentá la nota