La pelea política primó por sobre las necesidades de los usuarios; a contramano del mundo, que establece sistemas únicos de transporte para grandes urbes, la Ciudad y en Gran Buenos Aires están a punto de dividir la red
El combo de subterráneos y colectivos que entre la Casa Rosada y el Congreso endosaron a la Jefatura de Gobierno porteña podría provocar cantidades de situaciones complejas que posiblemente deriven en un esquema de transporte en el que el usuario será el más afectado.
El 8 de marzo, la Casa Rosada envió al Congreso un proyecto de ley en el que introdujo un artículo que nadie esperaba: además del subte, dispuso que 3741 colectivos, que integran líneas que no salen de la ciudad, sean ahora manejados por la administración porteña. Y como si fuera poco, también le dio el manejo del tranvía de Puerto Madero, un servicio que corre con una sola unidad y cuya utilidad para el sistema de transporte porteño es una incógnita.
¿Qué situaciones se podrían dar? Por ejemplo, que hubiese dos colectivos que circulen por el mismo trayecto y que tengan diferente sistema de recaudación, de tarifas y hasta de regulación y de control. O que el famoso y lento Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) deje de funcionar para estos colectivos, o que sean estos casi 3800 colectivos que se distribuyen en 33 líneas los únicos que circulen dentro de los límites de la avenida General Paz y el Riachuelo, entre otras situaciones casi de ficción si se piensa en una megalópolis que debería tener entre sus ejes principales el transporte.
Bien a la usanza kirchnerista, la medida no se adentra en los detalles, apenas una enumeración de cifras que, para colmo, están por debajo de lo que efectivamente se llevan esas 33 líneas. Declara que desde que se apruebe el sistema de transferencia, el gobierno porteño deberá pagar los 89 millones de pesos que mensualmente se paga en subsidios a las empresas que son dueñas de esos servicios. Pero la cuenta, que sube a razón de un 28% anual, llegará este año a 1100 millones de pesos, por lo menos si todo sigue así.
Los pocos renglones que el Congreso aprobó y que podrían modificar los 15 millones de horas diarias que los usuarios del Area Metropolitana dejan en el transporte tienen una característica: la falta de precisión. "Corresponde a la Ciudad ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios públicos de pasajeros a nivel subterráneos, Premetro, de transporte automotor y tranvía, cuya prestación corresponda al territorio de la Ciudad". Eso es todo lo que dice la ley que ahora, al parecer, será cuestionada por Macri en la Justicia.
Sólo para poner en perspectiva lo que significará este esquema de traspaso, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en 2011, el presupuesto que ejecutó Mauricio Macri y los suyos llegó a 26.213 millones de pesos, un 31% más que el año anterior. Siempre según este organismo, el contrato de recolección de residuos, el más importante de la Ciudad, devengó gastos por 1563,5 millones de pesos, un 31% más que los 1193,3 millones ejecutados durante 2010. Ahora Macri sumará con los subtes y los colectivos una erogación aún mayor que la que le representaba su contrato más importante.
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