Los jóvenes han pasado a formar parte de una base de datos que el Gobierno presenta a las empresas que lo requieran y podrán empezar a trabajar a partir del primero de octubre. Cuando alguno de ellos es contratado, el mismo Gobierno se encarga de pagar parte del salario de este trabajador. Específicamente, el Estado abonará 1.000 pesos al mes y el resto correrá por parte de la entidad contratante.

A pedido de las cámaras empresariales, que ese mostraron interesadas en la iniciativa, se creó un fideicomiso para agilizar la liquidación de los sueldos. "Fue un reclamo de las empresas, que tenían temor de que se produjeran demoras en los subsidios que complicaran la efectividad del programa", afirmó González. "El fideicomiso permite un modelo simplificado, en el que la empresa y el Estado hacen una transferencia a la misma cuenta del trabajador", agregó.

Al mismo tiempo remarcó que esto garantiza que los fondos destinados para el programa no se utilicen para otras cosas.

El Gobierno no se hará cargo de buscar el trabajo para estos jóvenes, ya que deberán conseguirlo por sus propios medios. "La idea es que con el certificado puedan ser contratados por cualquier empresa", agregó el González.

En la reunión también estuvo presente el ministro de Agroindustria, Marcelo Barg, y representantes de algunas de las cámaras empresariales que adhirieron, como Bodegas Argentinas y Aprocam.

Barg destacó la importancia de darles una oportunidad a estas personas para tener su primera experiencia laboral, y manifestó que: "La alta demanda ha demostrado el interés de los jóvenes".

En la base de datos están discriminados los perfiles de cada postulante, por lo que el Gobierno puede sugerir una lista de las personas mejor capacitadas para diferentes roles.

En total, fueron 13 mil los mendocinos que se anotaron en el "Plan Iniciar", pero 4 mil de ellos no contaban con los requisitos necesarios. "Muchos ya tenían experiencia laboral y esto es sólo para quienes buscan su primer empleo", argumentó el ministro González.