Desde General Pico, y ante una consulta de este diario, el letrado confirmaba sin saberlo la indiferencia del gobernador hacia los problemas de la Justicia provincial. Ayer, al recibir el proyecto de Presupuesto 2011, los diputados provinciales comprobaron, asombrados, que la Oficina de Violencia Doméstica y el Servicio de Apoyo para Víctimas de Delitos tampoco están en los planes de Oscar Jorge para este año.

En el proyecto enviado a la Legislatura sólo figuran 75 mil pesos destinados a "internaciones" de la Dirección de Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar, un organismo del Ministerio de bienestar Social cuyo presupuesto anual total apenas llega a 750 mil pesos.

Gobierno autista.

"Hace cuatro años que le pedimos audiencia al gobernador, sin resultados. Es inconcebible que no escuche ni a los abogados ni al Poder Judicial, uno de los pilares de la democracia". Para Freso "la falta de diálogo es uno de los problemas decisivos de esta gestión" y la situación "se ha tornado gravísima. Además de preocupación nos produce tristeza, porque el servicio de justicia siempre ha sido bueno y la II Circunscripción (General Pico) funciona mejor que las demás".

Sin pelos en la lengua ("digo lo que pienso y lo que siento sobre lo que pasa en mi provincia") advirtió que "es hora de tomar decisiones rápidas, dar un golpe de timón importante" y expuso una serie de problemas que el gobierno ignora "empezando por General Acha, sin juez desde hace una pila de años, donde los abogados ya no saben de qué vivir porque no salen las sentencias".

"Hay muchos con miedo de hablar y no dicen lo que saben ni se animan a expresar lo que deberían, pero nuestro servicio de justicia es cada vez más deficitario: faltan gabinetes interdisciplinarios con psicólogos, forenses, psiquiatras. En la provincia no había un especialista en dactiloscopía: trabajé con un caso en el que necesitaba contrarrestar una pericia policial a todas luces irregular, pero no tuve la posibilidad y a un hombre lo condenaron. Tampoco existe un Gabinete de Criminalística acorde a los tiempos actuales, porque no cuentan con elementos técnicos y cuando los compran no hay quién los use adecuadamente".

En contrapartida, "el gobernador premia a la cúpula policial que todavía no resolvió el homicidio de Eduardo Castex ni esclareció el homicidio de 25 de Mayo, y los convoca para acompañarlo en su nueva gestión", ironizó.

"Pico no lo merecía".

La enorme repercusión nacional del crimen de Carla Figueroa marcará a fuego para siempre a General Pico y en particular a su ambiente judicial. "Estamos conmocionados, avergonzados, disgustados. Es absolutamente injusto que el foro piquense atraviese esta situación, en el centro de la escena nacional, en los titulares de todos los medios del país por una situación que no es achacable a la II Circunscripción", agregó Fresco. Recordó que "la fiscal (Ivana Hernández) y el fiscal general fueron sumamente claros y rechazaron la posición del Tribunal de Impugnación (TIP), que aplicó incorrectamente la figura del avenimiento. Sería muy malo -apuntó- que metieran en la misma bolsa a todos los funcionarios judiciales de General Pico, una circunscripción que funciona bien hace muchos años y que, no me caben dudas, es la mejor del Poder Judicial" de La Pampa.

Hechos graves.

Fresco alertó sobre algunos sucesos recientes que reflejan la gravedad de la situación. "Si fuera cierto lo que publicó su diario, que el fiscal de Estado se reunió con una jueza que analizaba una causa presentada por particulares contra el proyecto Medasur estaríamos ante un avasallamiento muy serio de la democracia". Advirtió que "los abogados necesitamos corroborar la veracidad de este informe porque ha sembrado alarma en el ambiente tribunalicio", aunque reconoció que todos los actores de la justicia se encuentran "un poco acobardados ante la falta de respuesta del gobierno".

En cuanto al caso de Carla Figueroa, recordó que el procurador general (Mario Bogianino) "puede tomar cartas y está facultado para pedir un juicio político", al igual que los diputados provinciales, "que tienen potestad de iniciar el jury de enjuiciamiento" al igual que cualquier ciudadano de la provincia que presente un pedido debidamente fundamentado ante la Legislatura.

El Colegio sienta posición

El Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa divulgó ayer un comunicado de prensa acerca del caso Carla Figueroa, en el que reclama algunas acciones urgentes a Ejecutivo Provincial. El escrito reza textualmente: "Ante los reiterados y graves hechos de violencia de género acaecidos en los últimos tiempos en esta provincia, este Colegio solicita a las autoridades provinciales: 1) La efectiva e inmediata puesta en funcionamiento de la Oficina de Violencia Doméstica, conforme al compromiso asumido por el Superior Tribunal de Justicia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 29 de septiembre de 2009".

"2) La exhaustiva investigación sobre el desempeño de las autoridades judiciales en el reciente caso que derivara en la muerte de Carla Figueroa".

"3) La asunción por parte del Poder Ejecutivo Provincial de que el servicio de justicia e integridad de las personas constituye uno de los fines primordiales de todo estado democrático, debiendo convocarse en forma abierta a todos los sectores de la comunidad a fin de trazar las políticas del área".

"4) La adopción de aquellas medidas coyunturales necesarias para cubrir en forma inmediata la atención a la víctima hasta tanto se implementen los servicios integrales de asistencia en el marco de la Ley Nacional 26485".

Preso por falta de un experto

Durante su charla con este diario, el abogado Sergio Fresco citó un caso penal en el que le tocó actuar, como ejemplo de las consecuencias que acarrea en la práctica cotidiana la falta de presupuesto y recursos humanos en la Justicia. "En la provincia no había un especialista en dactiloscopía. Trabajaba en un caso y necesitaba contrarrestar una pericia policial con huellas dactilares que habían sido evaluadas de una forma a todas luces irregular, pero no tuve la posibilidad y a un hombre lo condenaron por ello", lamentó.

Pidieron el jury para Flores y Jensen

Los tres bloques de la Legislatura se pusieron de acuerdo ayer y decidieron impulsar la denuncia y el pedido de jury de enjuiciamiento para los jueces Carlos Antonio Flores y Gustavo Adolfo Jensen, integrantes del Tribunal de Impugnación Penal, por la actuación que les cupo en el caso de Carla Figueroa, que terminó muerta por Sergio Tomaselli después de quedar libre por la figura de avenimiento.

En una nota que firmaron 24 de los diputados que integran la Sala Acusadora -por razones obvias no lo hicieron los seis de las Sala Juzgadora-, se radicó en el Superior Tribunal de Justicia la denuncia, en el marco de los artículos 113 y 114 de la Constitución Provincial y la Ley provincial 313, que reglamenta el Jurado de Enjuiciamiento.

Alrededor de las 13.30 los legisladores se dirigieron al STJ, donde fueron recibidas por Betina Carnovale, secretaria del jury. Estuvieron presentes en la entrega de la nota representantes de los tres bloques, Justicialismo, Frepam y Comunidad Organizada.

Que se investigue.

El texto del escrito presentado dice: "Atento a lo sucedido en relación con el caso, inicialmente de abuso sexual agravado por acceso carnal y uso de armas y, que luego de autorizar el avenimiento, derivara en el homicidio de Carla Figueroa, entendemos que debe investigarse el accionar de los magistrados denunciados, para esclarecer si actuaron conforme a derecho y teniendo en cuenta todas las leyes vigentes, así como el contexto social y la psicología de la víctima y del presunto autor del hecho".

Por otra parte solicita que se investigue si pudo haber existido "errónea aplicación del derecho al aplicar el artículo 132 del Código Penal al caso en cuestión. Parte de la doctrina interpreta que sólo es aplicable en los casos previstos en los tres primeros párrafos del artículo 119 de este Código, y no en los casos de abuso sexual agravado, tal como el que se presenta en este caso".

Negligencia.

Más adelante se señala que "dados los antecedentes reiterados de violencia del agresor, sus antecedentes de internación psiquiátrica, y, sobre todo, el estudio pormenorizado de la historia personal y familiar de la víctima que pudieran determinar una sensación de indefensión total en ella, no comprendemos cómo pudo interpretarse, desoyendo lo argumentado por los Fiscales y Jueces de Audiencia que intervinieron y no tomando en cuenta las conclusiones de las pericias psicológicas realizadas, que la solicitud de avenimiento que realizara Carla Figueroa fue hecha libremente y en condiciones de plena igualdad".

Los denunciantes dicen estar "convencidos que los denunciados (Jensen y Flores) no actuaron con la diligencia y seriedad que requería la situación planteada, que no tuvieron en cuenta la totalidad de la legislación aplicable. En definitiva, que no cumplieron correctamente con los deberes inherentes a su cargo, que actuaron negligentemente, o hasta que no actuaron conforme a derecho, lo que podría configurar un delito penal".

"Se trata de un gesto político"

El PJ sorprendió a todos, porque dio un giro imprevisto al menos para estas horas. El martes emitió un comunicado donde pedía que la Justicia investigara y parecía ponerle freno a una intención de empezar un Jury contra los jueces Gustavo Adolfo Jensen y Carlos Flores, pero ayer el bloque de diputados se decidió a acompañar la iniciativa anunciada el mismo día por el Frepam. También se sumó Comunidad Organizada, y de esa manera toda la Legislatura se encolumnó para avanzar en el Jurado de Enjuiciamiento a los magistrados.

No obstante no dejó de llamar la atención que mientras esto ya estaba decidido, César Ballari pusiera su mejor cara de circunstancias para decir "estamos analizando el tema", y no confirmara lo que iba a suceder sólo unos minutos después. Extraño.

Por su parte el jefe de su bancada, Daniel Lovera, expresó que creyeron conveniente "dar un gesto político, en una causa tan preocupante y sensible a la sociedad pampeana. Y como todos coincidimos en presentar el jury de enjuiciamiento, acordamos hacer la presentación en conjunto".

Madurez.

Agregó que se trataba de "un gesto institucional que va más allá de cualquier bandería política. Es un gesto de madurez institucional", reafirmó.

Dijo luego que en el comunicado del día anterior el PJ no descartaba la posibilidad de avanzar en la denuncia para constituir el jury. "Pero pensábamos en recabar información esperando un gesto de la parte de los jueces, atento a que había fiscales y hasta el procurador general que hablaban, en medios locales y nacionales, pidiendo la renuncia de los jueces porque habían cometido un error. Nosotros primero quisimos tratar el caso con mesura pero la velocidad necesaria y esto es lo que sucedió. Esperamos un gesto que no vino del lado de la Justicia", enfatizó.

Lovera señaló que se espera que "también sean parte de esto los fiscales, el procurador, jueces que ante la sociedad se han expresado con total contundencia y acompañen a todo el Poder Legislativo en la constitución del jury de enjuiciamiento".

"En esto coincidimos todos".

Juan Carlos Olivero, presidente de la bancada del Frepam dijo que consensuar con las otras dos fuerzas el pedido de jury "marca una madurez. Todos estamos sensibilizados, nos encontramos de cara a la gente y lo menos que podíamos hacer como diputados es consensuar y llegar a un acuerdo en este tema que no deja margen para ninguna lectura egoísta, para rédito político alguno".

Agregó que "los pampeanos están esperando que, en las cosas graves, en las cuestiones que tocan a la sociedad, nos pongamos de acuerdo. Obviamente tenemos nuestras disidencias, nuestros matices, pero en esto coincidimos todos. Pedimos un jury ante un hecho terrible, horroroso, donde visualizamos que los fallos de los jueces merecen que lo hagamos", concluyó.

El juez Zaffaroni cuestiona el avenimiento

El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni consideró que la posibilidad del avenimiento para delitos de violación es "una pieza arqueológica que quedó en el Código" Penal, en alusión al caso de General Pico que abrió una discusión sobre si esa excepción es contraria a la ley de violencia de género.

"No digo que no exista en algún delito sexual, un noviecito, pero en una violación con violencia, una violación propia, es una pieza arqueológica que quedó en el Código", dijo anoche el juez al

referirse al beneficio que logró Marcelo Tomaselli, acusado de violar con uso de arma a su novia Carla Figueroa, a quien mató una semana después de casarse y haber sido liberado.

El magistrado, en diálogo con el canal televisivo 360, también indicó que "en definitiva, ¿por qué el delito de violación es el único que puede tener esa excusa absolutoria?".

"Sería más lógico que lo tuviera el robo: me llevo algo, lo devuelvo, pido perdón, en fin, arreglo la casa un mes, tiene más razón", señaló, en declaraciones reproducidas desde Buenos Aires por la agencia Dyn.

Por otra parte, sostuvo que "en casos de estos, si es un homicidio calificado por el vínculo (la condena que cabe) es prisión perpetua, la pena más grave" prevista en el Código Penal.

Políticas integrales.

La subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, María Cristina Perceval, pidió ayer la derogación de la figura del "avenimiento" y la incorporación del delito de feminicidio en el Código Penal.

La funcionaria consideró que a estos cambios "debe sumarse una aplicación de la justicia con perspectiva de género, la consolidación de políticas integrales de asistencia a las víctimas en todas las jurisdicciones y la profundización de una sociedad más igualitaria".

Perceval se manifestó ante el feminicidio de Carla Figueroa, asesinada por su violador convertido en esposo luego de la aplicación del "avenimiento".

Para la funcionaria, esta figura penal "muestra de manera aberrante la relación desigual de poder que subsiste entre varones y mujeres, no solo en nuestro ordenamiento jurídico sino en la naturalización por parte de la sociedad".

El "avenimiento" contemplado en el artículo 132 del código Penal como posibilidad de acuerdo conciliatorio entre la víctima y su agresor "que extingue la acción penal, es una rémora sexista,

discriminatoria y contraria a la dignidad humana que debe ser derogada por nuestro Congreso Nacional", enfatizó, en declaraciones reproducidas desde Buenos Aires por la agencia Télam.

Manifestó que "aquella concepción que consideraba "honorable" el hecho de que el agresor pretendiera en matrimonio a la mujer violada, no sólo está presente en nuestras normas sino también en las sentencias de jueces y juezas y en las prácticas sociales, a las cuales no les resulta extraño".

La funcionaria reclamó "la derogación del "avenimiento" y la incorporación del delito de feminicidio" como "materias urgentes en la lucha contra la discriminación a las mujeres".