En esta nota quiero realizar algunas reflexiones sobre la marcha en sí misma y, también, sobre las reacciones de algún sector del mundo político, mediático e “intelectual”.

En primer lugar hay que decir qué la relación entre el sistema judicial y la comunidad nunca ha sido sencilla. Una de las razones evidentes de esa conflictiva relación remite a un modelo institucional del poder judicial que ha hecho del alejamiento de la gente una regla ineludible de construcción del poder. Ya desde el diseño inquisitivo en la edad media lo judicial ha asegurado su alejamiento comunitario a través de procedimientos inentendibles para el ciudadano común, sistemas arquitectónicos incomprensibles al usuario, un lenguaje tan alejado del idioma español que se autobautizó cómo “lenguaje forense”, una duración de los procesos que asegura que cuando llega la decisión casi nunca está influída por el conflicto inicial y una composición cultural que incluso ha fomentado el eje poco democrático de ingresos laborales sólo para la familia judicial. En resumen, está claro que hace varios siglos que el sistema judicial ha optado por independizarse de la gente. En efecto, la garantía republicana de la independencia judicial ha sido mal interpretada como desconexión de la gente y, en todo caso, mayor cercanía con los factores de poder. Algún día los jueces descubrirán que la independencia judicial se nutre de la cercanía de la comunidad que es justamente aquello que asegura la posibilidad de mantenerse alejados de los factores de poder institucionales y económicos.

El plan siempre tuvo éxito, debido a que logró que a la comunidad, al pueblo, a los ciudadanos empiece a interesarle menos el funcionamiento de un sector del poder institucional que había logrado salir de la escena del control popular. Ese es el resabio más lamentable del legado inquisitivo: lo judicial como un laberinto oscuro, selectivo, sólo para iniciados, altivo y por eso inaccesible al ciudadano de a pie.

Por ello, durante mucho tiempo fue casi imposible lograr, incluso en las primaveras formalmente democráticas, que lo judicial estuviera en la agenda popular.

Lograr que la democratización del sistema judicial fuera vista por la comunidad como un problema al que enfrentar con urgencia, que por fin fuera entendido como una dimensión que afectaba en gran medida a la vida cotidiana, siempre fue un desafío con grandes riesgos de fracaso.

Por eso la marcha convocada para este 1 de febrero es siempre una conmovedora noticia. La crisis judicial es vivida en la piel del ciudadano y en las organizaciones de la sociedad civil como un problema de primer orden. En una democracia siempre ello es un extremo positivo.

Ahora bien, por otro lado, la convocatoria a expresarse en contra de la actual crisis judicial, con la pretensión de exponer el alejamiento de ciertos sectores del poder judicial de un conjunto de parámetros constitucionales y éticos, no podría tener más fundamentos que los que ofrece nuestra triste realidad.

Estamos en presencia de una corte suprema de justicia que se siente cómoda funcionando con cuatro miembros, dos de los cuales aceptaron ser designados a través de un decreto del poder ejecutivo nacional violando de este modo el procedimiento constitucional y para empeorar el escenario justamente esos dos miembros (que los acompaña cierto pecado original en la debilidad ética de sus procedimientos de designación) son los que hoy ocupan la presidencia y la vicepresidencia del máximo tribunal.

La marcha pone luz sobre una corte suprema de justicia que cuando ha sido necesario consolidar la situación de los protagonistas más lamentables de la peor época del sistema judicial penal en el ámbito federal que recuerde la historia democrática ha reaccionado con una selectiva velocidad y raro “compromiso” institucional dignos de reproches. Una corte suprema de justicia que por razones operativas obvias nos muestra del modo más expresivo el escándalo de la delegación de funciones.

Es la misma corte suprema que nada ha dicho de la violación al principio de inocencia y de libertad durante el proceso de la escandalosa doctrina Irurzun por la cual se encarcelaron ilícitamente un conjunto de ex funcionarios seleccionados para su destrucción moral y pública solamente por razones ideológicas y de aseguramiento de los modelos de exclusión social que ellos combatieron (los presos políticos que algunos no han querido ver).

La misma corte suprema que con acciones y omisiones convalidó un modelo judicial en donde se utilizó prueba ilícitamente obtenida, manipulada, y luego blanqueada en los medios de comunicación para ocultar los delitos cometidos en la recolección de esa supuesta información relevante sobre los hechos denunciados. Un máximo tribunal que esta ridícula integración de cuatro miembros coloca en primer plano la falta de formación intelectual y profesional de sus miembros en relación con las competencias y naturalezas jurídicas de los conflictos en los cuales deben intervenir como última palabra del sistema judicial.

Una corte suprema de justicia que aparentemente se siente a gusto en el marco de una integración absolutamente masculina y que pretende, siguiendo uno de los objetivos del Lawfare, definir la tendencia de las políticas públicas y los destinos finales del gobierno de los argentinos.

Se trata del máximo tribunal que (como ya mencionamos) nada dijo mientras durante varios años los argentinos éramos sometidos a abuso de la prisión sin condena, pericias fraudulentas, elección del juez amigo mediante el forum shopping (ya sea multiplicando artificialmente las denuncias sobre el mismo hecho, o con con sorteos sospechosos, o mediante el gambeteo de las reglas de conexidad) y el uso ilícito de actividades de inteligencia interna.

Es el mismo máximo tribunal que no vio nunca nada raro en la coordinación en la misma persecución orientada de varios organismos del estado: AFIP/ UIF/ Oficina Anticorrupción/ Diputados/ etc.

Una corte suprema a la que nunca le sorprendió la coordinación de algún Fiscal con algún Defensor Público, que colaboró con la cooptación política de algunas víctimas/ querellantes en hechos muy tristes para la historia del país, que hasta ahora guarda silencio sobre utilización irregular e ilícita de la figura del arrepentido y que observó con pasividad digna de mejores causas como agentes formales e informales de inteligencia se infiltraban como defensores particulares para orientar las declaraciones de sus “defendidos” en perjuicio de la figura política que había que destruir.

Una cabeza del poder judicial que nunca intervino cuando era evidente que estaba frente a procesos en los cuales había acusaciones que no definieron el hecho imputado violando la garantía del derecho de defensa, o en los cuales se violaba verticalmente a la independencia judicial con ordenes de las cámaras a los jueces de primera instancia acerca de cómo debían resolver. Que, asimismo, hizo “mutis por el foro”, cuando en nuestro país se extorsiónaba a los “arrepentidos” con la amenaza de la prisión preventiva, o existía filtración anticipada a los medios hegemónicos de información judicial sensible para la generación del “clima” favorable al Lawfare. Una corte suprema en definitiva que convalidó un país que permitía el funcionamiento de una “Gestapo” judicial (para decirlo con las lamentables palabras de un ex ministro).

Por ello, lo que debe sorprender no es que exista una marcha en reclamo de este desastre moral, sino que lo que nos debe llamar la atención es que desde algunos sectores haya una crítica tan despiadada a una convocatoria a la participación ciudadana. Nos debe llamar la atención que se busque atribuir la marcha al oficialismo, faltando a la verdad, o que se busque presentar a un acto de participación genuinamente popular como un intento de debilitar las instituciones (que paradojalmente fueron destruidas en momentos en los cuales se consolidó el espanto que acabamos de describir).

Las malas noticias sucedieron estos años, lo que sucederá el 1F es, claramente, una excelente noticia.

 

 

* Doctor en Derecho (UBA). Profesor titular de Derecho penal (UBA).  Ex Fiscal General