Santa Cruz probó una receta con ingredientes parecidos a algunos de los ajustes hechos en Grecia: aumento de la edad jubilatoria, ajustes salariales, incremento de las contribuciones personales. La reacción fue de indignación. En Río Negro, el fallecido Carlos Soria había lanzado también planes de recorte de personal. Córdoba ya enfrenta conflictos gremiales por sus planes de austeridad.

El Estado nacional no es la excepción. Transfirió el subterráneo y se sacó de encima la mitad del gasto en subsidios. La administración de Mauricio Macri no quiso asumir el costo de mantener la subvención. Las facturas con aumentos en el gas comenzaron a llegar. Hasta ahora, la ciudadanía recibió toda clase de subsidios, que pagó con mayores impuestos. Las tarifas aumentan, se reduce la suba del gasto público. Pero los impuestos no van a bajar. El Gobierno se propone, además, reducir las retribuciones al menos a una parte de sus empleados. ¿Cuál será el impacto político? Está por verse.

Hasta ahora, a los usuarios de gas les habrá importado poco que la Argentina pague 10,7 dólares el millón de BTU por el fluido importado de Bolivia y sólo 2,82 por el que sale de las cuencas argentinas. Es una política tarifaria que fomenta la producción en otros países.

La intencionalidad política parece evidente. Las provincias productoras cobran regalías proporcionales al valor en boca de pozo. Esa caja les podría permitir a los respectivos gobernadores tener cierta autonomía del poder central. Es lo que hizo Néstor Kirchner en tiempos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Con los precios tan bajos, impuestos desde la Casa Rosada, esa caja produjo muy poco en los últimos ocho años. Los precios bajos desalentaron inversiones y las reservas y la producción cayeron.

Muchos consumidores verán ahora claramente discriminado en la factura el costo de esa política. El fuerte cargo tarifario es para financiar la costosísima importación por barco desde Trinidad Tobago y Qatar.

Muchos usuarios dicen, por ejemplo sobre el subterráneo, que esperan que el incremento tarifario se destine a la mejora del servicio. Pero el ajuste que encabeza la Nación es para recuperar el superávit fiscal. Es decir, para pagar la deuda.