La Secretaría Electoral entrerriana notificó a un total de 12 los partidos políticos para que se adecuen a la nueva ley. De no hacerlo perderían la personería y con ello, la posibilidad de participar en las próximas elecciones.
A partir de la última reforma electoral (ley 26.571) los partidos políticos deben tener, permanentemente, una cantidad de afiliados no menor al 0,4 por ciento de los electores del distrito, hasta el máximo de un millón. En Entre Ríos, el número mínimo por lo tanto sería de 3.687 afiliados. El cumplimiento de este requisito legal es verificado por los jueces federales electorales en febrero de cada año, y las agrupaciones que no lo cumplan reciben una intimación para regularizar su situación en un plazo improrrogable de 90 días.
Si en el lapso establecido los partidos no consiguen alcanzar el mínimo, se da inicio a un proceso judicial para declarar la caducidad de su personería.
En Entre Ríos, y a octubre de 2011, están reconocidos como partidos políticos, de acuerdo al registro del Ministerio del Interior, el Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Grande, la Coalición Cívica (CC), Afirmación para una República Igualitaria (ARI), el Partido Socialista (PS), Propuesta Republicana (PRO), la Nueva Izquierda, el GEN, el Movimiento por Todos, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido Popular de la Reconstrucción (PPR) y Unión por la Libertad.
Entre los que expiraron están el Partido Humanista, el partido Acción por la República, el Partido Unión Provincial, el Partido Disidente y el Nuevo Espacio. En las elecciones de octubre hubo en Entre Ríos un centenar de partidos denominados “activos” por el Tribunal Electoral. Ellos serán los que este febrero deberán asegurar, ante la Cámara, que han sido capaces de contener a sus simpatizantes. Para ello deben mostrar que tienen al menos unos 3.687 afiliados, mientras que en Santa Fe o Buenos Aires son necesarios unos 4.000.
La Cámara recordó que en su primera aplicación -durante el año 2011- debido al incumplimiento de esta nueva exigencia legal, se produjo la caducidad de 26 partidos políticos -de todo el espectro ideológico y diferentes niveles de trayectoria- siendo Buenos Aires, Capital Federal y Chaco los tres distritos con más partidos afectados.
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