Por si esto fuera poco, distintos sectores que hasta ahora no han tenido un reconocimiento institucional acorde con su contribución en la victoria electoral de 2019 -gobernadores, intendentes y sindicatos- exigen mayor participación, tanto en la gestión como en las boletas de las legislativas de medio término.

A nadie pasó desapercibido que ni Máximo ni Cristina estuvieron presentes en la conmemoración de los diez años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Cristina resolvió el tema declarando que se trataba de una fecha íntima, que acostumbraba pasar en soledad. Máximo, en cambio, prefirió asistir a un evento organizado en homenaje de su padre en el municipio de Lomas de Zamora. También llamó la atención el hecho de que omitiera realizar el alegato final en la presentación del proyecto de ley de Presupuesto, tal como resulta habitual en el caso del jefe de la bancada de diputados del oficialismo.

En el fondo, las razones que le llevaron a tomar estas decisiones pasan por la distribución del poder y, sobre todo, del desacuerdo de Alberto Fernández con la implementación del ambicioso plan de La Cámpora de aprovechar la ley restrictiva impulsada por María Eugenia Vidal y Sergio Massa en 2016, que limita a dos períodos consecutivos los mandatos de los intendentes, y que dejaría fuera de juego a la mayoría de los alcaldes, tanto peronistas como de la oposición.

Este condicionamiento es la piedra de toque para la pretensión de La Cámpora de desplazar al peronismo bonaerense de las intendencias y ocupar esos cargos. Sin embargo, el visto bueno de Alberto Fernández a los reclamos de los intendentes actuales de recurrir a la Justicia para que se considere como primer período contabilizable el actual, en vista de que la legislación no estaba en vigencia durante sus mandatos anteriores, hizo entrar en trance a Máximo, quien decidió expresar gráficamente su descontento a través de esos gestos.

El jefe de La Cámpora sabe que muy probablemente la Justicia contestará afirmativamente a los amparos que presentarían los alcaldes, sobre todo porque en ese reclamo también se sumarían los alcaldes de Juntos por el Cambio. Una sentencia de estas características haría naufragar la estrategia de zapa de su organización.

Pero las acciones de Máximo no se limitaron a esas acciones, sino que hace tiempo que rehúye el contacto con Alberto Fernández. Esta situación adquiere mayor importancia, ya que él actuaba de nexo entre el presidente y la vicepresidenta. También en el caso de Cristina hubo un cierto distanciamiento, pero la carta publicada quince días atrás habilitó los canales de comunicación. No directos, sino a través de un nuevo emisario: el senador Oscar Parrilli.

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En efecto, aprovechando las diferencias existentes en el Frente de Todos sobre el proyecto de reforma judicial y la designación del procurador General, Alberto y Parrilli han compartido en la última semana un almuerzo y reiteradas conversaciones telefónicas. Una nueva etapa se abre en la relación entre Alberto y Cristina, sin La Cámpora de por medio.

Quien naturalmente tiene diálogo con ambos es Wado de Pedro, otro de los jefes de La Cámpora que ocupa el ministerio del Interior. Pero, a diferencia de Máximo, se ha ganado el respeto de la dirigencia en general hasta casi hacerle olvidar su relación con la organización. Wado tiene juego propio: es mas wadista que camporista. 

En la nueva etapa de la vinculación entre Alberto y Cristina el eje ya no estaría puesto en La Cámpora, sino más bien en la vinculación con los gobernadores e intendentes. En el caso de los primeros, a través del Senado, en el que las figuras de Cristina y de Parrilli resultan determinantes, sumados al ya mencionado Wado de Pedro. En el segundo, el encargado principal pasaría a ser Jorge Ferraresi, hasta ayer intendente de Avellaneda y en funciones como vicepresidente del Instituto Patria, designado en el ministerio Público en reemplazo de María Eugenia Bielsa. De este modo se buscaría recomponer la relación entre la gobernación bonaerense y los alcaldes, a la que Axel Kicillof no le encontró la vuelta. 

Además, es sabido que la elección del año próximo será muy disputada, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y nadie en el gobierno, ni en el cristinismo racional, quiere ponerse a los intendentes en contra. Todos saben los riesgos a que expone su eventual venganza.