Dos paros inéditos, uno convocado por la entidad que agrupa a los diplomáticos y otro con el que la policía suspenderá el control de pasajeros en los aeropuertos internacionales, se agregan esta semana a la ola de huelgas que mantiene paralizada a buena parte de la administración pública de Brasil.

La primera huelga en la historia del servicio exterior del país se inició en junio, cuando se suspendieron las actividades en 130 embajadas y consulados de todo el mundo, pero la medida fue levantada provisoriamente para ser retomada el miércoles, informó el Sindicato Nacional de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Protocolizamos un oficio para ser oídos por el Ministerio de Planificación y ni siquiera nos respondieron, el gobierno sólo escucha a quienes van a la huelga, entonces entraremos en huelga”, dijo Helder Nozinha Pereira, uno de los voceros del sindicato del servicio exterior. Delegados del Ministerio y dirigentes sindicales de varias reparticiones públicas realizaron una reunión el sábado, en Brasilia, en la que no estuvieron los diplomáticos, que concluyó sin acuerdo. Por ello, los sindicalistas mantienen en pie sus medidas de fuerza.

Unos 350 mil empleados públicos están en huelga en decenas de ministerios y reparticiones federales en demanda de aumento de salarios, y el gobierno anunció que puede responder a las demandas de los que reciben sueldos más bajos pero descartó acceder a los reclamos de los sectores bien remunerados, como la Policía Federal, donde los comisarios cobran sueldos de entre 8 y 10 mil dólares. En total son algo más de un millón los agentes públicos que desde hace tres meses tienen en vilo al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

El viernes, el abogado general del Estado, Luiz Inácio Adams, amenazó con aplicar sanciones duras a los policías que trabajen a reglamento, una medida que el jueves había causado largas filas en los principales aeropuertos internacionales. En respuesta a las amenazas del gobierno y a un fallo de la justicia que declaró ilegal la medida de fuerza, el director del sindicato policial, Paulo Paes, anunció que a partir de hoy los afiliados dejarán de controlar a los pasajeros que salgan e ingresen al país, una medida que tiene pocos antecedentes en la historia reciente.

El secretario de Trabajo del Ministerio de Planificación, Sergio Mendonça, dijo ya en horas de la madrugada de ayer, después de recibir a los delegados sindicales, que el gobierno quiere llegar a un arreglo pero no acepta modificar el “parámetro de negociación” que fija un aumento del 15,8% pagadero en tres años. Por su parte, José Milton Acosta, de la Confederación de Trabajadores del Servicio Público Federal, señaló que ese índice ofrecido por el gobierno “está muy por debajo de las expectativas, no corrige el desfase que se produjo en nuestros salarios”