BRASILIA.- La locomotora brasileña se frena y los empleados públicos amenazaron ayer con intensificar la huelga que mantienen desde hace varias semanas, en protesta porque consideran que sus salarios son una variable de ajuste.

"Los trabajadores se movilizarán y acamparán en la explanada de los ministerios en Brasilia para buscar una definición a este problema", dijo ayer a la prensa Ricardo de Hola, vocero del Sindicato Nacional de las Agencias de Recaudación (Sinagencias).

Las huelgas iniciadas en mayo se fueron extendiendo a más de veinte ministerios y organismos federales, incluida la policía federal, y generan largas esperas incluso en aeropuertos, rutas y puertos del país. Los trabajadores piden ajustes salariales que varían entre el 25 y el 50%, dependiendo el sector.

Pero el gobierno de Dilma Rousseff ofreció incrementos por debajo de la expectativa de los sindicatos, alegando el impacto de la crisis económica. También acudió a la justicia para exigir el regreso de los empleados a sus puestos de trabajo.

Los gremios sostienen que aún hay espacio para la negociación.

"La semana que comienza es decisiva para el futuro de la huelga. Los empleados quieren volver al trabajo y sólo esperan que el gobierno realice una propuesta satisfactoria", señaló Sinagencias.

En efecto, Rousseff se ve en una disyuntiva entre ceder a las presiones sindicales y enfrentar un achicamiento del Producto Bruto Interno (PBI), cuyo crecimiento ya se redujo al 3% este año, por debajo del 4,5% proyectado.

La huelga de efectivos de la policía federal y de la caminera obstaculizó esta semana el funcionamiento del aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, el de mayor movimiento del país, así como el de las terminales aéreas de Brasilia, Río de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte y Manaos.

Las pérdidas

La inspección de pasaportes, que normalmente está a cargo de empleados tercerizados, es ahora realizada por agentes de la Policía Federal. La protesta cobró fuerza también con la adhesión de los controladores aduaneros, causando retrasos en los trámites de importación y exportación.

Sólo en julio no pudieron ingresar productos por unos 4500 millones de reales (unos 2250 millones de dólares), según la Asociación Brasileña de Comercio Exterior (AEB).

"Hay al menos 150 barcos parados en los puertos, lo que genera un costo diario de 40.000 dólares por cada uno", dijo a la prensa José Augusto de Castro, presidente de la AEB.

Unos 580.000 empleados forman parte del servicio público federal (poder ejecutivo), según el ministerio de Planeamiento. Y los sindicatos calculan que cerca de 350.000 empleados están en huelga, aunque el gobierno estima una cifra mucho menor.