Mientras el Senado aprueba y da media sanción a la expropiación de 51% de las acciones de YPF, la principal petrolera en el país, el sindicato del sector, que comanda Guillermo Pereyra, aplicó un paro en protesta porque no consigue un aumento que pretenden sea de 32%.
La medida, que seguramente recibirá rápidamente la declaración de conciliación obligatoria, comenzó a hacerse efectiva desde las 20 de este miércoles en los yacimientos de Neuquén, Río Negro y La Pampa, las tres provincias sobre las que tiene jurisdicción el sindicato de Petroleros Privados.
El gremio quiere un aumento salarial de 32 por ciento, más un plus por “zona diferenciada”. El requerimiento tiene como escenario la singular coyuntura de expropiación estatal de las acciones de la española Repsol, y la vigencia, por decreto de Necesidad y Urgencia, de la intervención estatal en YPF.
La intervención es ejercida por el ministro de Planificación, Julio De Vido, un hombre de buen diálogo con Pereyra. Pero también está, como segundo en la intervención y a cargo de las cuestiones técnico-financieras, el viceministro de Economía, Axel Kicillof.
El paro de los petroleros juega en esta situación y repercute en el dúo interventor y sus relaciones políticas.
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