El parate de los empleados de la empresa de transporte urbano Tamse fue ayer total. A los muchachos de la UTA no les importó que cientos de miles de cordobeses se quedaran varados. Priorizaron realizar un paro para que la Municipalidad de Córdoba les pague una deuda laboral judicializada de entre 25 mil y 35 mil pesos por trabajador. Hoy, la prestación del servicio volverá a resentirse y no se sabe si habrá arreglo. La Secretaría de Trabajo los intimará, pero los colectiveros quieren seguir con la protesta. El intendente Daniel Giacomino dijo que “hay intereses políticos”.

Más de 100 mil pasajeros fueron los que se sorprendieron con la medida de los colectiveros a primera hora de ayer. Y hoy tendrán que estar atentos porque quieren continuarla. La cartera laboral dictará en las próximas horas una intimación y, si los muchachos no dan marcha atrás, declararía la “ilegalidad” de la medida de fuerza, lo que habilita a la Tamse hacer despidos. El secretario de Trabajo, Omar Sereno, le dijo a Día a Día que desde Conciliación y Arbitraje se le solicitó que intervenga con un llamado de atención a los empleados. También aclaró que no podrá dictar la conciliación obligatoria porque se trata de juicios individuales abiertos y no de un conflicto colectivo de trabajo.

Pero, ¿qué es lo que los choferes le reclaman a la Tamse? Unos 600 empleados y jubilados están enceguecidos por cobrar un juicio laboral por ítems que no fueron abonados en la gestión de Germán Kammerath. Se trata de una suma de entre 25 mil y 35 mil pesos por chofer. El 20 de mayo habían decido cobrarla en un 80 por ciento, pero en efectivo y en un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, el viernes pasado se pusieron como locos cuando se enteraron que los números de la Muni les bajaba entre 4 mil y 5 mil pesos por chofer. Fue ahí que decidieron realizar hoy un paro sorpresivo. El enojo del secretario de Transporte, Raúl Merino, fue tal que deslizó que los colectiveros “ponen en peligro las fuentes de trabajo”. Y lanzó como idea avanzar hacia una nueva concesión, vale decir, reprivatizar la empresa.

Lejos de calmarse, después del mediodía los choferes se mostraron más unidos. Dejaron la reunión en Trabajo porque no tenían respuestas al reclamo: en esa oportunidad pidieron el pago de “toda la deuda”, pero con los números que maneja la Muni. A ello se negó el titular de la Tamse, Hugo Germán, quien dijo que debía consultar. “Pedimos disculpas a la gente por estar sin transporte. Esperemos que la cordura pueda primar”, dijo.

Desde Economía municipal anticiparon a este medio que la deuda de 20 millones de pesos se saldaría con un empréstito que tomaría el Poder Ejecutivo.

La política está al medio.

El intendente Daniel Giacomino y el secretario de Transporte, Raúl Merino, salieron ayer al cruce del abogado defensor de los choferes y ex legislador juecista, Miguel Ortiz Pellegrini, por intentar “trabar el conflicto”. “Es una cuestión política, no hay motivos dentro de la Tamse. Es un juicio al que habíamos llegado a un acuerdo, pero hay un grupo motorizado por Ortiz Pellegrini”, dijo anoche el líder del Gobierno local.

“Tengo la certeza de que más del 80 por ciento de los choferes de la Tamse quiere trabajar, pero siempre están estos grupos minúsculos motivados, en este caso, por el abogado que tiene la mayoría de los juicios”, expresó Merino. Ortiz Pellegrini sostuvo que su opinión es “conciliadora”, aunque se preguntó “cuándo les van a pagar” a los trabajadores. “La incompetencia se traduce en echarle la culpa al otro”, dijo.

¿Qué es lo que reclaman los empleados de Tamse?

El 20 de mayo los ánimos se habían calmado. Los choferes habían aceptado recibir el pago de una deuda laboral por parte de la Municipalidad en un 80 por ciento del total; o en 12 cuotas, pero sin descuentos. Los funcionarios también estaban contentos porque habían conseguido hacer un arreglo extra judicial y pagar lo que debían a través de un empréstito.

Pasado un mes, la película hoy es otra. Los colectiveros quieren ir por más plata. Denunciaron que el Ejecutivo les quiere abonar menos de lo que piden (entre 25 mil y 35 mil pesos), por lo que arremetieron con un paro. Para arreglar, sólo aceptan ahora un único pago, aunque con las cifras que manejan los funcionarios, con las que cada empleado resignaría unos 5 mil pesos.