Antes de que se concrete la segunda sesión ordinaria del año, prevista para el tercer jueves de mayo, la comisión de legislación del Parlamento se abocaría al estudio del acuerdo para promover la inversión y el desarrollo de la provincia, que fuera rubricado por la gobernadora Fabiana Ríos y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, el pasado 15 de marzo en Ushuaia.

El acuerdo, conocido popularmente como Fideicomiso Austral, contempla que el Estado nacional transfiera, por un plazo inicial de 10 años, el 50% de las regalías hidrocarburíferas correspondientes a los yacimientos ubicados costa afuera del límite provincial y de aquellas que se concesiones en el futuro, como así también de 35 millones de dólares en concepto de participación de regalías no percibidas por la demora en la constitución del fideicomiso que viene siendo negociado desde 2001.

Por su parte, la Provincia se compromete a aportar el 50% de las regalías hidrocarburíferas que se obtendrán de "las áreas actualmente en curso de licitación y de toda otra que se explotare sucesivamente en su territorio marítimo y terrestre".

Estos recursos se verán afectados a la ejecución exclusiva de diversas obras de infraestructura vial, energética, hospitalaria, sanitaria y portuaria. Además, el Estado provincial se obliga a eximir "del pago de impuestos a los Sellos y de Ingresos Brutos, así como de cualquier otro tributo de características similares que pueda crearse en el futuro, a todos los actos, documentos, instrumentos, obras, emprendimientos, transacciones y actividades" relativos a las obras a ejecutarse en el marco de este acuerdo.

Aún cuando la Legislatura no está en condiciones de introducir modificaciones al acuerdo, por lo que debe limitarse a aprobarlo y rechazarlo, la pretensión de los parlamentarios sería la de acceder a información complementaria a la que figura en el instrumento legal que le fuera remitido por el Ejecutivo a mediados de este mes. Por ejemplo, conocer quienes serán los tres miembros que designará la gestión Ríos para que integren la Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 6º del acuerdo, que tiene, entre otras, las funciones asignadas la de fijar "el orden de prioridades en al ejecución de las obras previstas" y "las pautas sobre las que se convocará a licitación pública".