La Legislatura instaló en el centro de la escena pública los perfiles más sospechosos de la política pesquera del dasnevismo; y colocó el conflicto muy cerca de la denuncia de penal.
Con lupa
La demanda parlamentaria estuvo sintetizada en un pedido de informes de quince puntos que van desde el reclamo de un listado de la totalidad de las licencias de pesca emitidas por la Provincia, incluyendo los valores de los mismos, como así también las condonaciones que se efectuaron. El periodo sobre el que se demandan datos oficiales se remonta desde el año 2003 a la actualidad, es decir, abarca las dos gestiones del gobierno de Das Neves, por donde desfilaron por la Secretaría de Pesca como titulares Omar Moisés Rapoport, Juan Carlos Berón, y Hugo Stecconi.
Con denuncia
En el Poder Legislativo circulaba la versión que la bancada radical evaluaba la presentación de una denuncia penal por presuntas irregularidades en el ámbito de esta área gubernamental, y que este pedido de informes era el paso previo a ello, aunque no hay precisiones si el escrito en Tribunales solicitando una investigación se hará antes o después de las elecciones.
Entre los puntos de la información requerida se pide la “nómina de los buques que cuentan con permiso de pesca en la Provincia del Chubut, en la actualidad, especificando los metros cúbicos de bodega, empresa a la que pertenecen y acto administrativo por el cual se ha emitido el mismo”. Esto, tiene relación con prórrogas y sustituciones temporales que estarían bajo la lupa de la oposición.
Asimismo, se reclama precisiones sobre el “valor del permiso de pesca estipulado para las distintas flotas”, y por otro lado, se solicita “detallar los buques que actualmente se encuentran habilitados para pescar en el Golfo San Jorge”. En esa línea, “si a algún buque se le han condonado deudas por aranceles impagos durante el corriente año, especificar montos en cada caso”.
Más adelante, el pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados requiere un pormenorizado detalle sobre la “cantidad de merluza y langostino que hayan desembarcado cada uno de los buques, en el período comprendido entre el 1º de enero de 2003 y el 30 de junio de 2011”.
El negocio de los permisos
En relación a uno de los requisitos centrales que exige la ley para la obtención o renovación de los permisos de pesca provinciales se pide el “número de personas que ocupa cada empresa y su correspondiente certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales extendida por la Subsecretaría de Trabajo” provincial de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11º de la Ley N° 5639.
La Secretaría de Pesca, por medio del Ministerio de Coordinación, deberá también brindar un “listado de plantas pesqueras habilitadas en la provincia que se encuentren en actividad y personal ocupado”.
Por otra parte, y en base a las polémicas generadas en virtud de la fuga de barcos y cuotas de captura desde Chubut a Mar del Plata, los diputados solicitaron detalle de las “cuotas de merluza asignadas a los buques con permiso de pesca en esta provincia para el año 2010 y 2011, ordenado por empresa y por buque y registro del ingreso de las capturas a las procesadoras radicadas en la provincia, hasta la fecha, ordenadas por empresa y por buque”.
Del mismo modo, indagan “si el Buque Harengus ha enviado fuera de la provincia materia prima sin procesar; en ese caso remita copia del acto administrativo por el cual se le otorgó dicha autorización”. Aunque aquí la inquietud legislativa supera la competencia de la cartera provincial de Pesca, toda vez que es un congelador que realiza capturas en aguas nacionales y además es un barco factoría que procesa a bordo, lo que se desembarca ya está procesado.
La extensa requisitoria legislativa incluye además “copia de los últimos proyectos de desarrollo pesquero presentados por las empresas como requisito para obtener el permiso de pesca del año en curso de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 5639, Artículos 17º y 26º”. La nueva ley general de pesca de Chubut había establecido que para usufructuar licencias de pesca se debían presentar propuestas más globales de desarrollo, y que no se limitara a la explotación del recurso.
Canones e impuestos
También se le pidió al Poder Ejecutivo un detalle sobre las recaudaciones por canon e impuestos a la actividad pesquera. “Montos registrados en concepto de aportes impositivos provenientes de ganancias de empresas en relación al valor de venta en puerto de destino desde el 1º de enero del 2003 hasta la fecha. Montos de aportes impositivos provenientes de aportes patronales en relación al valor de venta en puerto de destino desde el 1º de enero del 2003 hasta la fecha. Detallar los sumarios que se hubieren iniciado a empresas pesqueras por supuestas transgresiones a la Ley IX Nº 75 (antes Ley Nº 5639) ordenados por empresa y agrupadas por buque o planta según corresponda, desde el año 2003 hasta la fecha”.
Finalmente, le piden que dimensionen por medio de una estimación “los volúmenes de juveniles de merluza descartados durante la zafra de langostino, detallado por flota, desde el año 2003 hasta la fecha”.


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