El Parlamento italiano aprobó ayer el decreto–ley de revisión del gasto público propuesto por el gobierno del tecnócrata Mario Monti, que contempla un ajuste de algo más de 32 mil millones de dólares entre 2012 y 2014. Con 371 votos a favor y sólo 86 en contra (22 abstenciones), la Cámara de Diputados dio el sí definitivo al texto, ya refrendado por el Senado el 31 de julio.

Con esta medida, el gobierno podrá aplazar hasta julio del año que viene la suba de dos puntos del IVA –del 10 al 12% en el tramo reducido y del 21 al 23% en el general–, que estaba prevista para el próximo octubre en virtud del programa de ajuste de más de 37 mil millones de dólares que Monti había dispuesto en diciembre pasado. Este plan de revisión del gasto, conocido en Italia con el término inglés spending review, contempla la reducción a la mitad, mediante fusiones, de las 110 provincias existentes, así como la reducción del 20% de los cargos directivos en la administración pública y del 10% en el resto del escalafón.

En consonancia con la reducción del número de provincias se fusionarán algunas delegaciones del gobierno y se recortará en un 50% el gasto en automóviles en todas las administraciones, además de un ahorro que harán todos los ministerios: 2100 millones de dólares en 2013 y 1860 millones en 2014. El texto final del plan, que comprende algunas enmiendas introducidas en el Senado, también incluye un tijeretazo en los ámbitos de la salud y la educación, los dos aspectos más cuestionados por los sindicatos y las asociaciones profesionales afectadas por ello, como los farmacéuticos.

La medida reduce los gastos ligados a la compra de bienes y servicios y rebaja el gasto en medicamentos, así como obliga a las regiones a achicar el número de camas de los hospitales antes del próximo noviembre a una proporción de 3,7 por cada 1000 habitantes (actualmente es de 4 por 1000). Asimismo, se permite a las regiones con déficit sanitario adelantar a 2013 el incremento del 1,1% en el impuesto a la renta de las personas físicas y el aumento de las tasas universitarias, dependiendo de la renta familiar para aquellos estudiantes que no aprueben el curso en un año académico, aunque parte de estos ingresos se dedicarán a becas.

El plan de ajuste, que contempla además la obligación de los médicos de explicitar el principio activo de las medicinas en sus recetas (recetar por genéricos y no por marca), pretende jubilar ya a los 55 mil ex trabajadores que quedaron en un limbo laboral tras la última reforma de las pensiones, así como recaudar fondos para los afectados por los terremotos de mayo pasado en el norte del país. La de ayer era la última “gran votación” que la Cámara de Diputados tenía prevista antes del 5 de setiembre, cuando finalicen las vacaciones de verano.