Las paritarias son una obligación política

Las paritarias son comisiones especiales integradas por representantes de trabajadores y de empresarios o funcionarios del gobierno, que tienen la facultad de analizar puntos específicos de las relaciones laborales como salarios, carreras, estatutos, condiciones de trabajo, horarios, intervenir en conflictos etc.

Desde hace varios años algunos sindicatos vienen haciendo infructuosos reclamos ante el Poder Ejecutivo formoseño.

No es cuestión que los gobernantes hagan lo que “quieran” (por más que lo hagan dentro de la ley); ellos tienen que cumplir con el contrato social “firmado” ante la ciudadanía en los momentos preelectorales. Los gobernantes en Formosa son Justicialista lo que amerita a pensar que son “peronistas” y en ese entendimiento, tendrían que considerar la póstuma directriz política de Juan Perón, que en la gestión publica, “los peronistas” deben respetar y en consecuencia desenvolverse en el marco de la democracia participativa por cuya médula pasa la exigencia de búsqueda permanente de consensos.

No habilitar las paritarias habla de una clara estafa política a los peronistas que los votaron y a los trabajadores que no gozaren de ese derecho.

Como un modo evasivo se escucha decir desde el Gobierno, que los empleados públicos no son los únicos que tienen problemas económicos en la Provincia. Sin dudas, eso no es suficiente para que no se convoque las paritarias a todos los sectores. De hecho, uno de los temas prioritarios que deberían discutir en paritarias es la necesidad de un urgente incremento salarial.

Que dirían los funcionarios del gobernador en las paritarias respecto de la negación de dar un aumento salarial, siendo que el presupuesto 2010 aprueba la partida de Sueldos para todo el año 2010 por $ 1820 millones y ese total alcanza para dar un aumento del 25 % a partir de Abril / 2010. Eso no alteraría la ejecución del Programa de Obras del año para lo que también se aprobó partidas por $ 762 millones. Tampoco limita el funcionamiento holgado que se permite en las amplísimas partidas de gastos. Respecto del financiamiento considérese que en abril 2010 el Tesoro recibió más de $ 243 millones desde el sistema nacional de transferencias automáticas de coparticipación y la DGR recaudó más de $18 millones.

Suena muy autoritario imponer desde el "poder" una posición individual, desestimando el dialogo.

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