Que sus salarios son mucho más bajos que los que se pagan a los directivos en la actividad privada que desempeñan tareas con similar grado de estrés. Que un sueldo bajo de un ministro, un fiscal o un senador es una invitación a las prácticas corruptas. Que así los más capaces nunca van a optar por ejercer cargos públicos.

Sin dudas son todas razones atendibles y es deseable que cuando un dirigente vaya a la función pública no termine perjudicando inevitablemente su patrimonio. Pero los funcionarios deben comprender también la situación económica de la totalidad de los argentinos. Ningún ciudadano tiene paritarias en las que les suban el 100% de su salario, como sí lo hicieron senadores y diputados nacionales según lo reveló el diario La Nación. Si lo que buscaban los legisladores era actualizar sus ingresos por el perjuicio de la inflación, lo podrían haber hecho de forma gradual, como les sucede a los trabajadores del sector privado y a los agentes del Estado que no pueden concederse sus propios sueldos.