El diputado nacional Alberto Paredes Urquiza presentó su libro "El federalismo en el siglo XXI", en la sala María Carmona del Paseo Cultural "Castro Barros". El libro, discutido por un panel especialmente seleccionado, incluye un proyecto de ley impulsado por el legislador para promover el desarrollo económico de las provincias del Norte, históricamente postergadas.
Entre sus principales medidas, el proyecto prevé la aplicación diferenciada del impuesto a las ganancias (un 20 % menos los primeros cinco años, y de ahí en más un 40 % menos que en el resto del país) y del impuesto a la Transferencia de Combustibles (como el vigente en la Patagonia, pero en un menor porcentaje-exención del 50 % en naftas y 75 % en gasoil).
También prevé la exención parcial en cobro de IVA y Ganancias a las empresas de transporte de cargas hacia o desde NOA-NEA y la reducción del costo energético: a) alícuota 10.5 % de IVA en la facturación de energía por extracción de agua para riego; b) exención de 50 % de alícuota de IVA en el suministro de energía eléctrica a industrias.
El proyecto además incluye la aplicación de la ley de promoción de inversión en bienes de capital y obras de infraestructura con un cupo de $ 500 millones anuales, distribuibles únicamente en la Región y la deducción en el impuesto a las ganancias del 100 % de lo que se invierta en bienes y obras destinados a la producción local.
Contempla también líneas especiales de fomento del crédito para PYMES de la Región (NOA/NEA), con tasa subsidiada. Un fondo de $ 300 millones anuales a distribuir únicamente en la Región, la exención de derechos de importación y una cláusula de deslocalización (para evitar el traslado de empresas).
En cuanto al Costo Fiscal previsto, el proyecto sostiene que, en exenciones a los combustibles llegará a los $ 900 millones y en exenciones en el impuesto a las ganancias alcanzará los $ 1.100 millones (un 7,5 % de lo que el Tesoro nacional recibe por este solo concepto).
También prevé un costo fiscal de 500 millones en cupos para la aplicación de la Ley 26.360, otros 300 millones en cupo para líneas de crédito, 100 millones aproximadamente entre otras exenciones y un cupo fiscal anual total para todo el régimen de solamente $ 2.900 millones, alcanzando a diez provincias.
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