Excepto que quiera incendiar lo poco que resta por quemar en la relación de los trabajadores estatales y el Gobierno, concediendo a los judiciales un aumento equivalente al que acordó con los jueces, al Ejecutivo sólo le resta una carta por jugar y esa no es otra que aquella que le permita dejar sin efecto su acuerdo con la Asociación de Magistrados y encaminar desde cero una nueva negociación.

Por lo pronto, los jueces y funcionarios ven pasar los días mientras observan como el pago del primer 10 por ciento de su incremento salarial no llega a los cajeros y atienden casi resignados las excusas -poco creíbles por cierto- que les llegan desde el Ministerio de Economía.

Políticamente, depositar esos dineros le resultaría al Gobierno un costo que difícilmente quiera absorber, especialmente después de que el propio Buzzi se quejara otra vez por "la falta de eficiencia" del Poder Judicial.

Este viernes, Touriñán comenzará su tarea de "pacificador" en la pelea. "Vamos a intentar ejecutar buenos oficios para establecer estrategias de negociación y terminar el conflicto que lleva más de ochenta días y que afecta al sistema de justicia de la provincia", anunció el ministro.

"Lo que voy a hacer personalmente es ponerme en contacto con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Royer y la Asociación de Magistrados para poder concretar esta reunión, ser el intermediario para superar esta situación y encaminar el conflicto", se ilusionó.