El presidente del Colegio de Abogados del Sur, Alejandro Molinuevo, también se sumó a quienes cuestionan la Oficina de Análisis Social y Económico, creada en virtud de la acordada N° 181/2010 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. "No se entiende el efecto que se busca con un órgano de este tipo, que es totalmente innecesario y que hasta violenta uno de los principios democrático y republicano, que es la independencia judicial", aseveró a LA GACETA.

La oficina, que será compuesta por un contador público o economista, un abogado y un sociólogo, tendrá por misión emitir una opinión fundada -no vinculante- sobre los efectos sociales o económicos que podrían derivar de decisiones que eventualmente puedan adoptarse en las causas judiciales. Para que este órgano actúe será necesario que los magistrados soliciten su intervención a la Presidencia de la Corte Suprema, por medio de la Secretaría Judicial.

Molinuevo insistió en que el consejo que brinde esta oficina, cuya actuación no está prevista por los códigos procesales provinciales, afectará la independencia judicial. "Esta garantía, establecida en resguardo de los ciudadanos, no puede depender o estar puesta en duda por la actuación de un órgano externo, ajeno a la función jurisdiccional y a las partes", esgrimió.

Señales de alerta

Un análisis de constitucionalidad, y no de costos económicos, es lo que, según Molinuevo, deben concretar los magistrados en las causas llevadas a su conocimiento y resolución. "Las pretensiones legítimas de las partes no pueden quedar sujetadas a una cuestión coyuntural o económica, por naturaleza mutable. Pareciera que, de antemano, en ciertas causas, por medio de estos dictámenes, se buscará inducir a los jueces o proteger ciertos intereses, como las situaciones de emergencia financiera, siempre invocadas por el Estado, en desmedro de los intereses de los particulares. Sorprende que esto nazca en la Corte por parte de quienes son intérpretes calificados de la Constitución", arremetió.

Los dirigentes de la entidad profesional con sede en Concepción no descartan la posibilidad de concretar algún planteo judicial en contra de la polémica acordada N° 181/2010. "Antes que nada estudiaremos la cuestión, con sus múltiples aristas, y luego decidiremos si corresponde accionar en algún sentido", aseveró Molinuevo.

Tal como lo había hecho Antonio Gandur, vocal de la Corte que se ha manifestado en contra de la creación de la unidad, el letrado subrayó que, además de por su dudosa constitucionalidad, el nuevo órgano es innecesario. "En un caso judicial concreto, si los jueces requirieran una opinión técnica sobre determinadas cuestiones, pueden demandar el asesoramiento de los cuerpos de peritos con los que cuenta el Poder Judicial. Eso, sin contar que nuestros tribunales disponen de la potestad para sopesar debidamente las pretensiones de las partes y los intereses en juego en las causas en las que les toca intervenir", recalcó Molinuevo.

Por concurso

Antes que Molinuevo, Eudoro Aráoz, el presidente del Colegio de Abogados de la capital, también se había pronunciado en contra del órgano, a favor de cuya conformación se expidieron los vocales Antonio Estofán, René Goane, Alberto Brito y Claudia Sbdar.

En la acordada, con la sola disidencia de Gandur, los vocales habían argumentado que "muchas de las sentencias que se dictan en los tribunales tienen gravitación en el desenvolvimiento de las actividades socio-económicas de la sociedad. Por ello, los jueces, en el momento de dictar sentencia, no pueden desentenderse de la realidad social y económica del lugar donde serán ejecutadas aquellas".

Los tres miembros de la oficina proyectada por la Corte serán seleccionados mediante concurso público. No obstante, aún no fueron establecidas la fecha ni las pautas de celebración de la selección.