Angustiada, la Presidenta busca horadar la legitimidad del camionero recurriendo a quienes lo enfrentan en la CGT. El jueves pasado convocó a su sindicalista predilecto, Andrés Rodríguez (UPCN), para que la visitara con Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingieri (Aguas) y Omar Viviani (taxistas). Los acompañaba el ministro Carlos Tomada. La reunión debía ser secreta. Pero a Tomada se le escapó el dato hablando con un gremialista que no había sido invitado.

La Presidenta evalúa recibir en las próximas horas a la mayoría del consejo directivo de la CGT que, encabezada por el secretario adjunto, Juan Belén (UOM), está enfrentada con Moyano. El Ministerio de Trabajo impugnará por irregular la convocatoria electoral realizada por el camionero para el 12 de julio. Sin que medien las urnas, Belén quedaría al frente de la CGT oficial.

La iniciativa de acompañar al Gobierno ante la protesta del miércoles surgió de Oscar Lescano. El líder de Luz y Fuerza integra con Armando Cavalieri (Comercio) y Carlos West Ocampo (Sanidad) el grupo de "los Gordos". Desde su prodigiosa inmortalidad, sueñan con reproducir su vieja estrategia: conseguir a través de una conciliación las prerrogativas en nombre de las cuales otro sector, intransigente, llama al paro. La aplicación más exitosa de esa receta ocurrió en 1988, cuando estos mismos gremialistas implantaron en la administración de Raúl Alfonsín a Carlos Alderete como ministro de Trabajo. En la otra vereda, Saúl Ubaldini realizaba 13 paros generales.

Los adversarios de Moyano esperan que la señora de Kirchner les conceda algunas de las medidas que exige el camionero. Quizá queden desencantados. La Presidenta presume tener méritos que la eximen de pagar por un respaldo. Además, ella cree estar enfrentando una maniobra destituyente. Esa interpretación la radicaliza y encierra. Un colaborador inmediato comenta: "Ella siempre habla mucho. Pero hay que temerle cuando se enfrasca en el silencio, como estos días. Es implacable".

Para Cristina Kirchner la jugada es transparente: Daniel Scioli adelantó en tres años su postulación presidencial; Moyano fue a jugar un partido de fútbol con él y después declaró una huelga salvaje desde los estudios de TV de Héctor Magnetto. Cualquier concesión sería, entonces, doblegarse ante el complot.

La rutina de buscar fantasmas debajo de la cama no evitó al kirchnerismo el estupor de un episodio grave: por su virulencia y complejidad, el ataque del grupo Los Dragones al mayor campo petrolero del país, de Panamerican Energy, en Chubut, se parece más a un atentado que a un desborde sindical. El corazón del yacimiento fue destruido con precisión milimétrica, lo que agravará las penurias energéticas. Ese atentado sustituyó a la marcha de Moyano en el ranking de pesadillas del Gobierno. Sólo faltaba la destitución de Fernando Lugo para que las alucinaciones persecutorias saturaran su verosimilitud.

Otra razón para que los competidores del camionero no consigan algún anuncio favorable es que el Gobierno tiene cada vez más dificultades para suministrar lo que piden. El aumento del mínimo no imponible de Ganancias o de las asignaciones familiares agravaría la crisis de las cuentas públicas. La Presidenta prefiere seguir disciplinando a los sindicatos a través de su amiga Beatriz Korenfeld, encargada de distribuir subsidios entre las obras sociales.

El malestar fiscal tiene un gran significado político. Igual que durante el enfrentamiento con el campo, el jueves Cristina Kirchner utilizó a los gobernadores del PJ como escudo. Pero si los ingresos provinciales se siguen deteriorando, aquéllos podrían encontrar cada vez más simpática la protesta de los gremios. Fue llamativo que el sanjuanino José Luis Gioja, habitual interlocutor de Scioli, aconsejara no desatar una caza de brujas. Y que Jorge Capitanich explicara que las finanzas de sus distritos impedían una modificación de Ganancias. Un mensaje para el gobierno nacional.

La tensión política se irá agudizando porque, como la señora de Kirchner, también los sindicalistas creen ser víctimas de una conspiración. Luis Barrionuevo, que suele decir todo lo que piensa, explica: "Cristina nos quiere reemplazar. A nosotros, a algunos gobernadores, a muchos intendentes. La única duda que tiene es si le alcanzará el tiempo. Pero ése es su proyecto". Barrionuevo acaso ignora el respaldo histórico de su tesis. El 24 de mayo de 2006, Néstor Kirchner convocó a su primer acto en Plaza de Mayo, organizado por Moyano y los intendentes del conurbano. Dos días más tarde, durante un asado, en Olivos, la esposa le preguntó: "Ya te diste el gusto de tener tu plaza. ¿Ahora vamos a seguir con esos aliados? No olvides que vinimos a combatir a esas corporaciones".

Los dirigentes sindicales fantasean con agresiones ejecutadas por Máximo Kirchner, La Cámpora y, sobre todo, Axel Kicillof. Creen que Kicillof aconsejó a la Presidenta intervenir la central obrera. Importa poco. "Robespierre" hizo algo tal vez más ofensivo: expulsó a los representantes de la Anses en empresas privadas que tenían origen sindical.

Moyano asegura: "Todo cambió con la muerte de Néstor". El tiene más evidencias que Barrionuevo de su propia finitud. Desde el mundo del transporte, ya vio partir a Jaime, a Pedraza, a Schiavi, a Cirigliano y a De Vido. En vez de cerrarle las causas judiciales, le abren otras. La generalización del paro camionero fue un acto reflejo ante la denuncia penal de Florencio Randazzo, quien prestó a la saga peronista el discutible servicio de incriminar por una protesta a un dirigente sindical.

Moyano ya había confiado en que una huelga lo salvaría del calabozo. Fue cuando llegó desde Suiza aquel exhorto sobre lavado de dinero. Igual que en esa oportunidad, esta vez corrigió el exabrupto en pocas horas. El jueves cerró, como un rayo, una paritaria mediocre, y se refugió en la CGT. Creyó ver una señal conciliadora en que De Vido culpaba a los empresarios más que al gremio. "Fue un enroque largo para no entrar en la barbarie", explicó un secretario general.

Cristina Kirchner está incómoda. En vez de poner en circulación algunas ocurrencias para una reforma constitucional, debe asegurarse el control de la calle. Moyano la obliga, además, a rodearse de lo más conservador del sindicalismo. Dirigentes que condicionan su fidelidad a conquistas pecuniarias, pero que no ofrecen el poder de movilización con el que cuenta el camionero.

Los sindicalistas también están fastidiados. Temen que el afán por sobrevivir los lleve a un enfrentamiento prematuro con un gobierno que aún cuenta con una gran adhesión popular. Y algo más lamentable para ellos: la posibilidad de estar trabajando para otros. La politización del conflicto vuelve más remota la satisfacción de la agenda sindical.

A pesar de estos reparos, la dinámica que en ambas márgenes deploran se ha vuelto irrefrenable. Es la ley de toda paranoia: terminar convirtiendo en realidad persecuciones que poco tiempo atrás eran sólo fantasías..