Los secretarios de Gobierno y Legal y Administrativo del municipio, Arnaldo Gomaríz y Gustavo Acosta, respectivamente, expresaron que “tanto la Cartera Laboral nacional como el municipio de Paraná no reconocen otra autoridad más que el delegado normalizador”. Además, manifestaron que lo que se busca es “sembrar confusión”.

En ese sentido, Acosta señaló que “Vásquez y la ex conducción del gremio no tienen representación alguna”, y que “la resolución que estableció la normalización sigue vigente y el delegado normalizador sigue siendo Juan José Martínez. Por ende, todas las convocatorias a medidas de fuerza dentro de la Municipalidad son ilegales, y los dirigentes y empleados que se sumen van a ser sancionados como establece la ley, con sumario administrativo y/o denuncias penales”.

Asimismo, en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL, el funcionario agregó que “no hay ninguna norma que haya modificado la resolución que lo designaba a Martínez como normalizador del gremio”. De igual modo, sostuvo que “algunos pícaros que pretenden sacar provecho y sembraron confusión a partir de otro expediente que se tramitó por otra cuestión y el Ministerio le envía al sindicato la contestación (porque en su momento fue quien solicitó la opinión del ministerio, nada más), pero no le están reconociendo nada, sólo le contestan una duda que tuvo en su momento el sindicato”.

En tanto, el secretario legal subrayó que “no hay restitución ni reconocimiento alguno de la elección que hubo en el Suoyem, que sigue en proceso de normalización”. Y agregó que “hoy (jueves), inclusive, estuvo Martínez reunido con autoridades nacionales, trabajando sobre el tema, es decir que el Ministerio de Trabajo y en consecuencia el municipio, reconocen a él como normalizador y Vásquez no tiene ninguna representación”.

Por su parte, Arnaldo Gomaríz manifestó que “es ilegal cualquier convocatoria y actuación de cualquier miembro de la ex-comisión directiva que se autoadjudique representación del gremio”. A su vez, sostuvo que “la arrogancia de un título del cual no sea legítimamente poseedor, va a ser objeto de denuncia penal. Tal es el caso de los integrantes de la anterior comisión directiva del Suoyem, desplazada por la Autoridad Administrativa Laboral, y que pertenecen a la planta de personal del municipio, le caben las generales de la ley”.

En esa línea, planteó que “en caso de corresponder, se podría iniciar el debido sumario administrativo y legítimo derecho de defensa en el mismo, y, si cabe denuncia penal, el potencial desafuero, según el caso”.