En la sesión que realizó este miércoles, el Concejo Deliberante de Paraná dio sanción a una ordenanza promovida por la concejala Elizabeth González (Frente Justicialista para la Victoria), por la cual la Municipalidad de Paraná adhiere a la ley nacional N° 26.364 de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas".

Dicha norma contiene medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, como también, asistir y proteger a las víctimas de este grave flagelo.

Al fundamentar la iniciativa aprobada por el cuerpo legislativo local, su autora sostuvo que la misma "será un gran soporte para llevar adelante acciones desde el municipio, que logren erradicar este tipo de actividad, considerada la esclavitud del nuevo siglo".

González añadió que "el delito de trata de personas es uno de los más graves atentados contra la vida humana y, por ende, constituye una grave vulneración de los derechos humanos en su máxima expresión, ya que afecta la integridad física y psíquica, la seguridad y la libertad de las personas, entre otros males".

La ordenanza de referencia designa como autoridad de aplicación de la misma a la Secretaría de Derechos Humanos Salud y Educación.

En relación con este tema, el cuerpo dio estado parlamentario a un proyecto elevado por la presidenta municipal, Blanca Osuna, el que dispone la caducidad automática e inmediata de toda habilitación comercial o de cualquier local donde se constate la explotación sexual por terceros con o sin consentimiento.

El texto modifica la ordenanza N° 8.955 que actualmente regula el funcionamiento de cabarets, whiskerias y, en general, de todas las casas o locales que posibiliten el flagelo de la trata de personas.

Veteranos de Guerra de Malvinas

El parlamento local también aprobó una ordenanza, impulsada por el concejal Miguel Rettore (UCR), que establece que toda vacante producida por incapacidad o fallecimiento de los empleados municipales que san veteranos de guerra de Malvinas, será ocupada por un hijo u otro familiar de primer grado.

Al exponer el proyecto, su autor afirmó que el sentido de la norma es "paliar el descalabro que ocurre en la familia cuando el veterano de guerra se incapacita o fallece, lo cual hace necesario resguardar la sustentabilidad económica familiar en la persona de los hijos o familiares de primer grado".