La Defensoría denunció ante el ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional de la Argentina, Héctor Marcos Timerman y ante las Comisiones Binacional y Trinacional de la Cuenca del Río Pilcomayo, que las autoridades paraguayas construyen en la actualidad un canal en forma irregular sobre el cauce del río Pilcomayo, "violentando los acuerdos internacionales vigentes en torno a la equitativa distribución de las aguas, afectando los derechos colectivos e intereses difusos, de los habitantes de la zona aledaña a las obras, que residen en las poblaciones formoseñas de María Cristina, Santa Teresa, Campo del Hacha , San Miguel y otras".

Por esta razón, el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, solicitó en forma conjunta y articulada, la urgente intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, "a los efectos de que se realicen las acciones necesarias ante los foros y fueros que correspondan, a fin de que se suspenda de manera inmediata la construcción del citado canal".

Desde el mismo organismo de la Constitución se indicó que dicho canal tendría una longitud de 1.100 metros, una profundidad de 2 m y un ancho de 8, aproximadamente, de acuerdo con un informe técnico que obra en poder del Area de Defensa de los Recursos Naturales y el Ambiente de la Defensoría y que fue remitido, conjuntamente con tomas fotográficas satelitales, a todos los organismos y cuya intervención se requirió.

"Existen acuerdos internacionales suscriptos entre la Argentina y el Paraguay, en los cuales se ha establecido claramente, que para la realización de toda obra que afecte la igual distribución de las aguas del Pilcomayo debe previamente formularse una comunicación fehaciente al Estado cofirmante del tratado, a fin de que se realicen los estudios correspondientes para determinar si la variación no conculca derechos de las partes. Nada de esto existió en este caso, el Estado paraguayo, inconsultamente, construye una derivación del Pilcomayo, en directo detrimento de las potestades de decenas de miles de formoseños que cuentan con el importante aporte del recurso hídrico para su subsistencia. Es por ello que, por tratarse de una cuestión inherente al derecho internacional, que pone en riesgo a un sector del extremo oeste de la comunidad formoseña, denunciamos el hecho ante las autoridades internacionales competentes y solicitamos la directa intervención de nuestra Cancillería, sin perjuicio de otras acciones que se encuentran actualmente en estudio y que guardan relación con otras presentaciones ante organismos supranacionales que serán dadas a conocer en su momento".

Se indicó que la misma presentación se giró al actual ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Jorge Lara Castro, requiriéndosele aborde y solucione esta cuestión "a fin de evitar dispendios jurisdiccionales inútiles con nuestro país".