La Justicia Federal debe resolver si el narcoplicía Gabriel Giménez declara como testigo o como imputado en esta causa.
El fiscal puso en marcha esta investigación a partir de la denuncia presentada por el diputado nacional Alfredo Olmedo, luego de que el legislador tomó conocimiento de las declaraciones públicas realizadas por el abogado Marcelo Arancibia. Según el letrado, Giménez le comentó que desde altas esferas del Gobierno provincial le ordenaron “pinchar” los teléfonos del legislador cuando se encontraba en plena campaña política en los meses previos a las elecciones para Gobernador. El policía que está detenido por transportar 50 kilos de cocaína le dijo a su abogado que las pruebas de las escuchas ilegales están en la computadora que le secuestraron de su domicilio luego de que fuera sorprendido con el cargamento de droga, en mayo del año pasado.
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Villalba había pedido al juez Medina que cite como testigo a Arancibia, pero el magistrado consideró que no era necesario. El juez interpretó que Giménez únicamente puede ser convocado como testigo y no como imputado. Para el fiscal, el narcopolicía debe ser imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lamentó que Medina no haya aceptado citar a Arancibia como testigo, tomando en cuenta que fue quien dio el alerta sobre las escuchas ilegales.
A partir de mañana, las actuaciones se hará cargo el juez de la causa, Julio Bavio, quien retorna de sus vacaciones. El deberá resolver la discrepancia surgida entre su antecesor Medina y el fiscal. “Hay que esperar para ver lo que sucede con el recurso que presenté”, dijo Villalba al ser consultado por El Tribuno. Indicó que hasta que no se resuelva esta cuestión la causa quedará paralizada.


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