Organizaciones de derechos humanos y sociales marcharon anoche por calle Paraguay, entre Córdoba y Mendoza, para repudiar la excarcelación de los represores José Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, imputados en la causa Díaz Bessone (ex Feced) por cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. El 30 de abril pasado, fueron liberados por la sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, tras pagar una fianza de 135 mil pesos, en total. La movilización se concentró en el domicilio de "El Ciego" Lofiego, donde lo escracharon con proyecciones en su balcón, bombas de estruendo y al grito de "asesino". El desagrado con la determinación judicial cobró fuerza cuando se conoció el argumento de la Cámara de Casación, que los benefició con la libertad "vigilada": "Es una hipocresía que los genocidas tengan este derecho por el tiempo que llevan detenidos sin que se realice el juicio. Ni la sociedad, ni las víctimas, ni los querellantes y testigos son responsables de esta situación, sino el propio Poder Judicial que permitió y avaló que estos juicios se dilaten. Venimos reclamando que los juzguen desde 1984", indicaron los organismos. Además, exigieron "que el gobierno provincial tenga una política clara sobre los derechos humanos, que está muy floja". También pedirían al Tribunal Oral Federal, que juzgará a estos represores desde el 21 de julio, que permanezcan detenidos durante los juicios por la seguridad de los testigos y querellantes.

Para el Espacio Juicio y Castigo y la agrupación H.I.J.O.S., la excarcelación de los represores fue "una provocación por parte de miembros de la corporación judicial. Es un despropósito político y jurídico, y no hace otra cosa que abonar el largo camino de impunidad de décadas consagradas con el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos desde los poderes constituidos y avalados en distintas instancias", apuntaron.

"La justicia se vende por 135 lucas", decía una de las proyecciones en los balcones del edificio de Mendoza 1480, en referencia a la fianza que pagaron Lofiego y Cía.

Tras partir de la plaza Pringles, la marcha se dirigió, por Paraguay, a calle Mendoza, al grito de "alerta, alerta, alerta que caminan milicos asesinos por las calles rosarinas", mientras se colocaban carteles viales simulados, que marcaban la ruta hasta la casa de Lofiego. El represor reside en el octavo piso del edificio que se emplaza sobre Mendoza 1480, donde unos seis oficiales de policía custodiaban la puerta, mientras los manifestantes advertían: "Si no hay justicia, hay escrache popular".

El torturador, fue liberado hace un mes, junto a Marcote y Vergara. Los tres eran miembros del servicio de información, y "responsables de la desaparición, muerte y tortura de la mayor parte de los detenidos y desaparecidos entre el '76 y el '83, en la zona de Rosario". Sobre la excarcelación, Laura Ferrer, querellante de la causa señaló: "Según sabemos deben presentarse una vez por semana, pero circulan libremente por la ciudad. A causa de una Justicia garantista, ellos están libres; pero esa garantía debería ser para el conjunto de la población, los testigos, querellantes y abogados; porque el hecho que se les dio es un peligro para nosotros", advirtió. Además, recordaron lo sucedido con los testigos Silvia Suppo y Julio López.

Por su parte, Esteban Mariño, también querellante de la causa, indicó: "Hay que tener en cuenta que la Cámara de Casación que excarceló a los torturadores, es la misma que dio lugar a las chicanas políticas que dilataron el juicio. Es la principal responsable".

El reclamo fue más allá, y llegó a las autoridades provinciales: "Queremos que se reconozca políticamente que esta gente tiene que estar presa y pedimos que estos juicios se desarrollen con los acusados presos", dijo Ferrer, a lo que Juan Pablo Bustamante, también querellante de la causa, agregó: "Como damnificados y víctimas de la época de la represión, necesitamos que estas personas estén controladas y vigiladas para proteger a la sociedad. Conociéndolos a ellos, les inspira un ánimo muy grande de venganza, lo manifiestan fervientemente -dijo ; por eso, necesitamos una política activa".

Luego agregaron: "El gobierno provincial tuvo conocimiento de la excarcelación porque los genocidas estaban detenidos en la alcaldía que depende la policía provincial, y no estableció los mecanismos para las organizaciones de derechos humanos y sociales, testigos, querellantes, y a los que están en el Programa de Protección a Testigos. Este hecho es irresponsable".

"Por el Servicio de Informaciones pasaron alrededor de 2 mil secuestrados ilegalmente. Hombres, jóvenes, niños y mujeres embarazadas que fueron sometidos a los más crueles tormentos y de los cuales cientos de ellos se encuentran desaparecidos", recordó Juicio y Castigo.