A través de una presentación en los Tribunales provinciales, la Asociación de Usuarios y Consumidores pidió el cese inmediato del aumento del boleto de ómnibus argumentando la "inconstitucionalidad" de la cesión de facultades que el Concejo Municipal aprobó a favor de la intendenta Mónica Fein. "Cuestionamos la metodología utilizada para el incremento, que viola un procedimiento legal", explicó el titular de la entidad, Christian Galindo. No obstante, la jefa del Palacio de los Leones salió al cruce del planteo judicial, afirmó que "claramente el Ejecutivo tiene esa potestad" y destacó que no hubo una quita de facultades a los ediles.

Respecto de la presentación, Galindo aclaró que "no se cuestiona el incremento en sí mismo" y explicó: "La facultad de modificar las tarifas de los servicios públicos es del Concejo, porque lo establece la ley orgánica de municipalidades, por lo cual eso sólo puede ser cambiado por otra ley provincial y no por una ordenanza" local.

Otro de los planteos que la organización hizo ante la Justicia es que, "a pocas horas de la implementación del aumento, el decreto del municipio no había sido publicado en el Boletín Oficial".

Galindo indicó, además, que "también incumplieron la ordenanza 7.802, que establece que cualquier cambio en los servicios deberá ser informada y actualizada a través de folletería y en forma personalizada durante la semana previa y posterior a las modificaciones".

Aviso. En ese sentido, el titular de la entidad cuestionó "la concentración de poder" sobre los servicios públicos que ejerce actualmente la Intendencia.

Por eso criticó que "el secretario de Servicios Públicos municipal, Juan Pablo Seghezzo, sea al mismo tiempo presidente del Ente del Transporte de Rosario (ETR), que es el encargado de controlar". Y sentenció: "Está de los dos lados del mostrador".

La presentación en Tribunales hace hincapié en que "el Ejecutivo, en la práctica y sin ninguna justificación, es poder concedente, prestador directo del servicio, autoridad de regulación, autoridad de control y también autoridad en materia de tarifas, concentrando absolutamente todas las facultades posibles y existentes sobre esa prestación".

Para Galindo, esta situación "vulnera derechos elementales de los usuarios" y alertó que, "en la actualidad, no existe ninguna situación de emergencia que, como plantea la Constitución, amerite la cesión de esas facultades".

Fein, a su turno, salió en defensa tanto del otorgamiento de facultades como del incremento de la tarifa.

La intendenta recordó que "la autorización del Concejo al Ejecutivo no es la primera vez que se realiza y es idéntica la que tiene la ciudad de Santa Fe, donde también la ley orgánica de municipalidades es la misma".

Asimismo, aludió a la modificación de la tarifa de los servicios públicos: "No es una atribución que le quitamos al Concejo sino una autorización que hemos ejercido".

Frente a los cuestionamientos que apuntaron a los detonantes de la polémica cesión de facultades, Fein recordó que, "desde 2001 y por ley, está vigente la emergencia económica y financiera, que da gran variedad de poderes al Ejecutivo nacional".

"Nosotros no tenemos ninguna ley de emergencia sino una autorización", concluyó la socialista.