El concejal radical Jorge Cendoya salió ayer a diferenciarse de la posición que públicamente tomó su bloque de concejales. Dijo que hay una serie de ilegalidades en el proceso de traspaso del contrato de higiene urbana a la firma cordobesa Cotreco y aseguró que, por ese motivo, el desembarco de la nueva empresa es nulo.

“El bloque oficialista ha manifestado que respalda las acciones llevadas a cabo por el Departamento Ejecutivo Municipal sobre el tema Gamsur (...) El convenio celebrado con Cotreco se funda en una nota que presentan los representantes legales de Gamsur, sin la intervención de los síndicos de la empresa, y lo acordado representa un gravísimo precedente con implicancias económicas y personales incalculables”, indicó el radical en su nota.

Cendoya cuestionó el dictamen que el fiscal municipal, Hernán Di Santo, emitió el 26 de agosto y que avaló jurídicamente la maniobra que generó que Gamsur dejara de prestar el servicio de higiene urbana y alumbrado público y que la reemplazara la cordobesa Cotreco.

“Según el fiscal municipal, el artículo 30 del pliego que regula el servicio establece como causal de rescisión por causa del contratista ‘cuando este transfiera el mismo sin autorización del Municipio’. Seguidamente, expresa el funcionario, el artículo 7 también prevé que ‘el adjudicatario no podrá ceder o transferir parcial o totalmente el contrato sin el previo consentimiento de la Municipalidad’. De ello se desprende que cuando el contrato dice ‘Municipio’ el fiscal lee ‘Departamento Ejecutivo’, que obviamente no son lo mismo. En el artículo 4 de la Carta Orgánica Municipal surge claramente que para ese cuerpo legal la Municipalidad es mucho más que el Departamento Ejecutivo Municipal. Y, por si eso fuera poco, el art. 54 de la Carta Orgánica indica: ‘El Gobierno Municipal está constituido por un Concejo Deliberante y un Departamento Ejecutivo”, indicó Cendoya en una carta remitida a este diario. Así, planteó que hubo una interpretación forzada de la legislación para permitir que la cesión no pasara por el Concejo Deliberante.

Cendoya agregó además que no existe ningún dictamen técnico del Ejecutivo que avale la cesión. “Tampoco se ha concretado la intervención de los síndicos de Gamsur. Resulta obvio que, sin razón alguna que justifique la premura, se ha salteado al Concejo Deliberante que, en el sistema republicano y representativo como el nuestro, es el órgano más relevante de la administración municipal “, señala Cendoya.

Y agrega: “En el contrato de cesión celebrado con la nueva empresa, la Municipalidad asume serias responsabilidades en el caso de que el personal actual de Gamsur resulte desvinculado de la misma, estableciéndose que todas las indemnizaciones que se generen las pagará Gamsur. Pero si ya dijimos que Gamsur no tiene de dónde sacar dinero (por su complicada situación patrimonial) para ello seguramente será la Municipalidad, es decir “nosotros los contribuyentes”, los que terminaremos pagando”.

El radical indica que tampoco se consultó al Tribunal de Cuentas que tiene el deber de examinar los balances parciales de las entidades y sociedades donde el Municipio tenga participación. “Mi opinión es que estas situaciones ponen al descubierto las ilegalidades que han rodeado la cesión del contrato y que conducen a su absoluta nulidad”, dice Cendoya.