El secretario de Servicios Públicos sostuvo que la nueva concesionaria del peaje sobre la Ruta 7 “era un camino alternativo” para salir de una situación compleja por incumplimientos de la anterior empresa.
No obstante, aclaró que el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) seguirá su curso las acciones legales para cobrar la deuda que dejó la empresa anterior, con intereses aunque sin punitorios.
El funcionario explicó los detalles de la concesión inicial a Caminos del Comahue SA, donde una serie de “incumplimientos en las condiciones” generó una compleja situación financiera en la empresa, y en los términos de cobro de la tarifa.
“La provincia no toma postura con respecto al peaje, sino que tiene que cumplir cuestiones legales. El contrato se puede cumplir o no por las partes, que es interesante para quienes opinan, que lo sepan. A partir del segundo año de concesión, se permite la revisión de tarifas, algo que nunca sucedió en 1997. Nunca se sentaron a negociar”, explicó el funcionario.
Sostuvo además que el contrato “permite la anulación del mismo si las partes se ponen de acuerdo con 180 días de anticipación a la finalización del contrato, que es esto lo que sucedió”.
La aclaración de varios puntos se hizo en medio de la ola de críticas y posturas políticas que se generaron en la provincia, respecto a si debía continuar operando una empresa que no logró pagar una deuda de más de 23 millones de pesos con el Iadep en 15 años.
“El Iadep comienza a reclamar para que se pague la deuda, pero la concesionaria también exige las condiciones. El crédito lo comenzaron a pagar en 1999 pero no lo podían pagar todo debido a estas condiciones”, explicó.
Además de las críticas, vecinos organizados del Movimiento Antipeaje, partidos políticos y el mismo oficialismo en la Legislatura analiza si le solicita o no al gobernador Jorge Sapag que anule el decreto por el cual avaló el “acuerdo ente empresas” para sostener la concesión.
Según explicó Nagel, el contrato de concesión nunca se cumplió porque no estaban dadas las condiciones para sostener la ecuación financiera, establecidas en el convenio. Además, los recortes en subsidios y la tarifa por parte del gobierno nacional, condujeron a la empresa a que no pudiera sostener el servicio.
“Lo que pasa es que quien hizo los cálculos en su momento para sacar el costo de la tarifa se basó en algo erróneo. Cuando se inicia la concesión, no pasaban 13.000 vehículos diarios como se estableció en el contrato para sostener una tarifa de 0,75 dólares. Pasaban apenas 7.000 vehículos, ahí está el primer incumplimiento en las condiciones”, indicó Nagel.
Y agregó: “Lo primero que se incumple es una condición de diseño de la concesión, entonces los términos del cobro no se dan para la empresa”.
La concesionaria tenía que recaudar sobre una matriz de 70% de vehículos pesados y 30% de livianos, según los datos aportados del contrato. Sin embargo, la realidad de la ruta indicó lo contrario: el 92% de los vehículos eran livianos y el 8% de gran porte, factores que redujeron la recaudación.
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