“Estos vaivenes no son ingenuos. En nuestra opinión responden a presiones políticas de los fundamentalistas que se oponen al cumplimiento del derecho a interrumpir un embarazo por parte de mujeres, jóvenes y niñas contemplado en el Artículo 86 del Código Penal, que data del año 1921”, afirmaron.

Después de que se difundiera la Resolución Ministerial 1184/2010 por la que se aprobaba la nueva Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, el Ministerio de Salud tuvo que salir a aclarar que su titular “no ha firmado resolución alguna” respecto a ese tema, aunque precisó que la directiva se encuentra vigente desde 2007. Para Mujeres por la solidaridad “no hay errores: hay atropellos contra los Derechos Humanos de las mujeres”.

“Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tomamos como un acto de responsabilidad por parte de las autoridades del Ministerio de Salud la firma de la Resolución Ministerial 1184/2010 por la que se aprobara la nueva Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, fechada el 12 de julio”, dijeron a través de un comunicado.

Recordaron que, según la página web del Ministerio de Salud de la Nación hasta el día de ayer, “la presente Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles es una revisión y actualización del documento elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) durante el año 2007 basado en cuatro fuentes principales”. “Es más, -agregaron-, en el reciente reporte al comité CEDAW, el Estado Nacional indicó como uno de sus logros que se haya elaborado y actualizado la Guía de Atención Integral para Casos de Abortos No Punibles, aprobada por Resolución Ministerial 1184/2010 del 12 de julio del corriente año”.

“Sin embargo, nos enteramos por medios de prensa que desde el Ministerio de Salud se desmiente la firma de la resolución. Estos vaivenes no son ingenuos. En nuestra opinión responden a presiones políticas de los fundamentalistas que se oponen al cumplimiento del derecho a interrumpir un embarazo por parte de mujeres, jóvenes y niñas, contemplado en el Artículo 86 del Código Penal, que data del año 1921”, dijeron.

“Nos indigna que se justifiquen estos vaivenes como “errores” de parte del ministro de Salud, en tanto y en cuanto estamos hablando de las garantías necesarias para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres. Seguramente los ahora llamados “errores” generarán especial confusión en el personal de Salud y en la población en general, permitiendo así, por acción u omisión, que se sigan judicializando innecesariamente los casos de aborto no punible. Esos “errores” significan atropellos que no podemos dejar pasar”, afirmaron.

La guía oficial que está vigente pero que no tiene rango ministerial reafirma “el derecho de las mujeres de acceder a los abortos previstos por el Código Penal, constituye propiamente un derecho humano de orden constitucional”. El protocolo establece que el aborto se debe realizar dentro de los diez días de solicitado, “previa constatación por parte de un solo médico de la existencia de alguna de las causales” previstas en el Código Penal. Eso significa que queda prohibida la consulta a un comité de bioética u otro órgano similar. Los casos permitidos se dan: si existe peligro para la vida de la mujer, si hay peligro para la salud de la mujer, si el embarazo proviene de una violación, o si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente.

“Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal llamamos a los diputados y diputadas firmantes de nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y a organizaciones sociales y políticas, a expresarse públicamente ante estos atropellos y a exigir la vigencia de la guía publicada en un Estado que se presume laico y garante de derechos igualitarios”, reclamaron.

Para finalizar, comentaron que “comprometemos nuestros esfuerzos en seguir trabajando para que se habiliten los debates necesarios en pos de la despenalización y legalización del aborto. Reafirmamos nuestros reclamos de “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.