La construcción, ubicada en Marcos Sastre y Constitución, estaba en conflicto judicial, sin resolución, hace más de una década. Sin embargo, tras el reclamo de los vecinos, intervino la Defensoría del Pueblo y consiguió una respuesta en sólo tres meses.
En una entrevista concedida a Punto de Partida (FM 101.9), el defensor adjunto del Pueblo, Cristian Azcona, señaló: “ese espacio se sostenía en condiciones irregulares desde hace mucho tiempo e, incluso, la problemática trascendió a los medios por un intento de violación a una chica que ocurrió hace poco más de dos años”.
“Por suerte – remarcó – hemos atendido la inquietud de los habitantes de la zona y, gracias a un acuerdo con el nuevo dueño y las autoridades municipales, ese proyecto se tirará abajo”.
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